El italo-nicaragüense Roberto Garnieri realiza un análisis sobre los vínculos entre crimen organizado y daño ambiental en Nicaragua, basado en la última investigación del fallecido sociólogo nicaragüense José Luis Rocha, llamada “Desmontando el mito del excepcionalismo nicaragüense: crimen, drogas y economía política de la violencia en un ‘narco estado’”.
¿Nicaragua, “narco estado”?
Garnieri en su análisis titulado “Las grietas del ‘muro de contención’ antidrogas nicaragüense”, arrojó luces sobre la compleja red de corrupción y colusión que permite que el tráfico de drogas prospere en Nicaragua, que por su ubicación geográfica e historia política convierten el país en un punto clave para el narcotráfico.
El documento indica que las recientes incautaciones de grandes cantidades de cocaína en puertos europeos, provenientes de contenedores que partieron de Nicaragua, han puesto en tela de juicio la efectividad de las políticas antidrogas del régimen de Daniel Ortega. ¿Cómo es posible que toneladas de droga pasen desapercibidas por las autoridades? ¿Qué papel juegan las instituciones estatales en esta cadena de complicidades?, cuestiona Garnieri.
“Es el tema central del artículo de JL Rocha. Desde hace mucho tiempo, Nicaragua se considera (por lo menos así lo considera su gobierno) como un caso particular dentro de los países centro americanos. La revolución sandinista de 1979, su política y su mitología hubieran hecho desaparecer todo lo relacionado con las drogas y por arte de magia eso se continuó en la supuesta ‘segunda fase de la revolución’ que coincide con el regreso de Daniel Ortega al poder en el año 2007, que no es más que la continuación de la política neoliberal de los tres gobiernos anteriores al regreso de Ortega”, dice el experto.
La corrupción se extiende desde la Policía hasta el Poder Judicial, permitiendo que los traficantes operen con impunidad. Incluso se han documentado casos de liberación masiva de presos relacionados con el narcotráfico, bajo el pretexto de “convivencia familiar”, sin medidas efectivas de reinserción que prevengan la recidiva delictiva.
Destaca que JL Rocha y sus colaboradores subrayan que “hubo incautaciones de droga en Nicaragua, pero, nunca en cantidades importantes”.
Según la investigación de Rocha: “En promedio, el Estado nicaragüense ha logrado decomisar sólo entre 6 y 9 toneladas de cocaína por año desde 2007, además con una tendencia general a la baja, de más de 14 toneladas en 2008 a menos de 4 toneladas en 2018. Algunos investigadores han afirmado que esta disminución indica el éxito de las políticas antidrogas de Nicaragua, pero otra posibilidad, y en nuestra opinión, mucho más plausible: la interpretación no se relaciona con la supuesta eficiencia de las instituciones policiales y judiciales nicaragüenses, sino más bien con su colusión, con el tráfico de drogas. Es importante destacar que los incidentes denunciados apuntan no sólo a la participación de la policía, sino también del sistema penitenciario y del poder judicial en el comercio”.
Garnieri añade que no solamente se decomisa droga, pues “de vez en cuando se decomisa también dinero”.
“La Policía ha señalado en diversas ocasiones sobre la ocupación de millonarias sumas de dinero que supuestamente han sido abandonados en lugares solitarios, y en la mayoría de esos casos, nadie ha sido capturado”, anotó.
Desde 2017 hasta junio de 2020, la institución policial ha decomisado al “narcotráfico” más de 38 millones de dólares. El destino final del dinero es desconocido. En la mayor parte de los operativos sólo capturan a choferes o cuidadores de fincas. En otras, el dinero es “abandonado” por el narco y no detienen a ningún sospechoso.
Un análisis de datos, con base en las notas de prensa de la Policía Orteguista, arroja que entre 2018 y 2021, se han incautado más de 59 millones de dólares. Esto significó un aumento de 151% en comparación a lo incautado entre 2007 y 2011, durante los primeros cinco años del régimen de Daniel Ortega, cuando sólo se decomisaron 23,6 millones.
La complicidad entre el Estado nicaragüense y el narcotráfico no es un fenómeno nuevo, subraya Garnieri. Casos como el del asesinato del cantante argentino Facundo Cabral en Guatemala en 2011, que revelaron vínculos entre altos funcionarios y traficantes, son solo la punta del iceberg.
También recuerda los 18 falsos periodistas de Televisa que quisieron ingresar a Nicaragua el 20 de agosto de 2012 con seis camionetas con el logotipo de esa empresa, que “viajaban haciaCosta Rica, para realizar varios reportajes”. Al revisar los vehículos, las autoridades fronterizas nicaragüenses encontraron rastros de cocaína, así como 9,2 millones de dólares ocultos en compartimentos secretos.
Además, el silencio de las autoridades frente a las incautaciones de droga y dinero, junto con la falta de transparencia en el destino de los bienes incautados, plantea serias interrogantes sobre la verdadera naturaleza del régimen de Daniel Ortega.
En comparación con otros países centroamericanos, Nicaragua libera el mayor número de narcotraficantes condenados cada año y, además, es el que más rápido lo hace. Una de las conclusiones de JL Rocha es que: “Paradójicamente, lo que ha permitido que esto suceda, es la revolución sandinista original. Como la única revolución armada exitosa en Centroamérica, obligó a la élite tradicional nicaragüense a comprometerse y aceptar un acuerdo político de élite que incluía a los antiguos revolucionarios, incluso, a un nivel más íntimo, a través del matrimonio mixto de la dirección revolucionaria con la élite tradicional. Históricamente, este acuerdo político ha llevado a que el «pastel» nicaragüense se reparta entre las élites liberales y conservadoras tradicionales y la élite del FSLN, de una manera no competitiva, lo que recuerda mucho al sistema establecido bajo la dictadura de Somoza”.
¿Narco deforestación en Nicaragua?
En el mismo documento, Garnieri aborda sobre el impacto devastador de la deforestación y el narcotráfico en la región, haciendo énfasis en la situación en Nicaragua.
Al respecto, señala que a pesar de los esfuerzos estatales, Nicaragua enfrenta una grave deforestación, atribuida a asentamientos ilegales, tala indiscriminada, explotación minera y ganadería invasiva.
La deforestación se atribuye a la expansión de la agricultura, ganadería y minería de oro, con el área de concesiones mineras duplicando su tamaño desde 2021. Además, hay complicidad del régimen de Ortega en la deforestación, relacionada con invasiones violentas de tierras en territorios indígenas o zonas protegidas.
Un informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de 2023, destaca la relación entre el tráfico de drogas y la explotación ambiental en Centroamérica. Los narcotraficantes se involucran en tala ilegal, minería ilegal y tráfico de fauna y flora, contribuyendo significativamente a la deforestación. Este fenómeno, denominado “narco deforestación”, amenaza tanto la selva como a sus habitantes, especialmente a los pueblos indígenas.
El tráfico de cocaína se ha identificado como responsable de hasta el 30% de la deforestación anual en selvas tropicales de Guatemala, Honduras y Nicaragua. Los narcotraficantes transforman la jungla en terrenos aptos para ganadería o agricultura para lavar dinero obtenido ilegalmente.
El experto concluye con que aunque no existen pruebas directas de que Nicaragua sea un “narco estado”, la evidencia sugiere la existencia de una red de crimen organizado que contribuye significativamente a la deforestación y la degradación ambiental en la región.
