El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas emitió un informe el miércoles 12 de junio, revelando que el número de personas reconocidas como presas políticas en el país ha alcanzado un total de 141, con 23 mujeres y 118 hombres, incluyendo 10 detenidos antes de 2018.
Durante el período del 16 de abril al 31 de mayo de 2024, se documentaron 18 detenciones arbitrarias con posibles motivaciones políticas, resultando en la liberación de 12 personas, mientras que seis aún están bajo estudio. Además, se denuncia la falta de acceso a atención médica adecuada y tratamientos para las personas detenidas, así como la persistente baja calidad de los alimentos y la contaminación del agua en las cárceles.
El informe señala que tres presos políticos que se encuentran en estado de desaparición forzada, sin que las autoridades proporcionen información sobre su paradero o estado físico, dejando a sus familiares sin noticias sobre su destino. Las tres personas son: Brooklyn Rivera, Carlos Bojorge y Freddy Quezada.
“Tres presos políticos se encuentran en estado de desaparición forzada, sin información proporcionada por las autoridades policiales sobre su situación legal o física. Sus familiares no han logrado prueba de vida”, reza el informe.
Además, 18 personas mayores están privadas de libertad en condiciones inhumanas, lo que aumenta significativamente el riesgo para su salud física y emocional.
El informe también destaca un aumento en el número de personas presas políticas desde abril, cuando el total era de 138. Durante el período del informe, se reconocieron a tres personas adicionales como presas políticas, elevando la cifra total a 141.
Estas personas fueron capturadas en el primer semestre de 2023 en el departamento de Managua, pero su inclusión en la lista se ha retrasado hasta un año después debido al clima de miedo y autocensura que impera en la sociedad nicaragüense.
El documento también expone la intimidación y amenazas dirigidas a los familiares de los detenidos, con informes de autoridades que presionan a las familias para que no denuncien, llegando incluso a amenazar con encarcelar a los familiares que buscan a las personas detenidas.
El informe explica que el subregistro del número total de personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua se debe a la falta de acceso a información pública y al ambiente de represión y amenazas que prevalece en el país.
