El régimen de Daniel Ortega está enfrentando una demanda ante el Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, por una demanda interpuesta por la empresa estadounidense Riverside Coffee, propietaria mayoritaria de Inversiones Agropecuarias S.A. (Inagrosa) en Nicaragua, debido a graves daños sufridos en su propiedad en Nicaragua.
El Ciadi programó a una audiencia pública para revisar el caso entre el 1 y el 12 de julio de 2024. El tribunal compuesto por tres miembros, evaluará las pruebas presentadas por ambas partes. La audiencia será transmitida en vivo en inglés y español, permitiendo una cobertura global del proceso.
Riverside Coffee es una compañía estadounidense de tiendas de café constituida en 1999, en el estado de Kansas. Es dueña del 95 por ciento de las acciones de Inversiones Agropecuarias S.A. (Inagrosa), constituida en febrero de 1996, que poseía y operaba la Hacienda Santa Fe, en Jinotega, de casi 1,225 hectáreas de extensión, donde tenía una plantación de aguacate Hass y un bosque de granadillo.
Y es que en 2018, durante la ola de represión estatal, grupos paramilitares orteguista invadieron la Hacienda Santa Fe, destruyendo plantaciones de aguacate e inmuebles en la hacienda, causando pérdidas millonarias.
A pesar de los intentos de la gerencia de Riverside Coffee por obtener protección policial, las invasiones continuaron sin control.
La demanda fue presentada el 2 de abril de 2021 contra el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua (Mific). Riverside Coffee invoca el Acuerdo de Libre Comercio República Dominicana-América Central (CAFTA-DR), que garantiza protecciones a las inversiones extranjeras contra expropiaciones y daños injustificados.
Según la reclamación, los daños ascienden a aproximadamente 590 millones de dólares. Esta suma incluye compensaciones por pérdidas económicas directas, así como daños morales derivados de las acciones ilegales contra la inversión.
Sin embargo, buscarán una reparación que superaría los 590 millones de dólares, que corresponderían a: 545 millones como compensación por las pérdidas, daños y perjuicios económicos derivados del incumplimiento por parte de Nicaragua de sus obligaciones en la Sección A del Capítulo 10 del CAFTA y otros 45 millones por daños morales “derivados de las acciones indebidas de Nicaragua contra el inversionista y las inversiones”.
Adicionalmente, el régimen deberá pagar los costos de procedimientos en los que se incluyen los honorarios y desembolsos profesionales más intereses, gastos tributarios y todos aquellos “incurridos para mitigar el efecto de las medidas ilícitas tomadas por Nicaragua”, entre otros.
Algunos expertos han indicado que la empresa estadounidense podría llegar a pedir unos 689.1 millones de dólares, que el régimen tendría que pagar con los impuestos de los nicaragüenses en caso de perder la demanda.