Aunque hasta esta hora hay datos incompletos sobre cómo se ejecutó el destierro de la periodista Nohelia González, la forma en que aparentemente ocurrió -el asalto a su vivienda y su expatriación exprés- alcanzan nuevos y brutales métodos de terror que superan los mecanismos de represión del régimen de los Ortega-Murillo.
De acuerdo a la denuncia, a González llegaron a sacarla antes de las 6:00 de la mañana a su vivienda y la trasladaron al aeropuerto para montarla en un avión rumbo a Panamá, sin saberse a estas horas, bajo qué razonamiento las autoridades tomaron esa decisión arbitraria.
Hasta antes del hecho, la represión del régimen contra los periodistas, operaba de otro modo, siempre oscuro y desalmado, pero menos expedito. Diversas denuncias de periodistas nicaragüenses que han sido víctimas de la represión han documentado y denunciado que primero la Policía asedia las viviendas con patrullas o agentes de civil; rondan las residencias, indagan entre los vecinos, allanan, roban los equipos o dispositivos electrónicos y en algunos casos interrogan dentro de sus casas a los periodistas y los amenazan con cárcel.
En otros casos, los agentes, unos de civil y otros uniformados, trasladan a los periodistas en patrullas, incluso esposados, a las delegaciones policiales. Los obligan a firmar declaraciones y los están citando a firmar o reportarse cada cierto tiempo; es decir, el asedio pasa a la represión directa y el control social, pero en el caso de González, el método cambió y el resultado viola toda norma legal y humana.
Ilegal y extremista
Hasta este martes, el método de la dictadura ha sido en tres vías: si un periodista sale del país legalmente, luego le impiden retornar a su patria mediante notas de alertas a las aerolíneas o empresas de transporte internacional. Es decir, lo convierten en un apátrida de facto porque le impiden regresar a su país y le niegan servicios consulares.
La otra vía era que si lo detectaban en el aeropuerto o puesto migratorio, lo retenían, lo interrogaban y le confiscaban el pasaporte o documento de identidad y lo convertían en una especie de reo político con país por cárcel.
Ambas acciones anteriores corresponden a autoridades del Ministerio del Interior, antes Gobernación, bajo responsabilidad directa de Luis Roberto Cañas Novoa, hoy ascendido a Comisionado General por sus brutales acciones represivas y su servilismo absoluto al dictador Daniel Ortega.
El tercer método de destierro contra los periodistas ha sido el acoso, las amenazas y el asedio para que se auto-exilien, que ha sido la herramienta de represión más común que ha llevado a al menos 253 periodistas a desplazamiento forzado fuera de Nicaragua.
Sin embargo, nunca como hasta ahora, las fuerzas represivas habían llegado a sacar a alguien de su casa y montarla en un avión. Incluso los periodistas que figuraban en el destierro de los 222 exreos políticos que fueron expulsados en 2023, no fueron extraídos de su casa y despatriados de inmediato.
¿Por qué lo hicieron con Nohelia?
Nohelia Lizette González Valdivia, de 55 años, tuvo una destacada carrera de 28 años en La Prensa, a donde llegó en los años 90 luego de un paso rápido por Relaciones Públicas en el gobierno de entonces.
Ella estudió Periodismo en la Universidad Centroamericana (UCA) y se graduó con honores. Desde el exilio y el anonimato, colegas que trabajaron con ella recuerdan que González, reportaba para el área de salud, educación, ambiente, niñez y temas sociales de la agenda nacional.
Luego fue becada para estudiar una maestría en temas sociales en Chile y a su regreso, fue ascendida a editora de Nacionales y luego promovida a Jefa de Informaciones, donde estuvo más de 12 años.
Su paso por La Prensa, terminó en mayo del 2018, en medio de la crisis del diario por el ahogo financiero y la retención del papel e insumos de producción. Posteriormente González empezó a laborar en 2019 en el Canal Católico de la Conferencia Episcopal, en el programa “Pueblo de Dios”.
Si bien, el canal estaba bajo la dirección de monseñor Rolando Álvarez Lagos, también desterrado por la dictadura este año, el programa de González contaba con cierta independencia y trataba temas de orden religioso y social, y en menor medida, temas políticos.
Fue su último trabajo en los medios, dicen algunos colegas. Ella salió antes del cierre del canal por órdenes de Telcor en 2022. De acuerdo con colegas que conocen a González, ella cesó en el cargo en 2020 por razones de presupuesto y por nuevas oportunidades de trabajo en un organismo no gubernamental: “Acción contra el Hambre”, con sede en Guatemala.
Bajo asedio
Trabajando para ese organismo, a González le decomisaron el pasaporte en 2021, luego que fuera citada el 24 de agosto de ese año a la Fiscalía, en el marco de las acciones estatales contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y su directora Cristiana Chamorro.
El comunicado del Ministerio Público número 064-2021, sobre continuación de los “Procesos por delitos de lavado de dinero, bienes, activos y otras actividades ilícitas que atentan contra la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, devela que la periodista fue citada a declarar, fue interrogada y luego firmó y se marchó.
Después de eso se dedicó a consultorías en asuntos académicos, a actividades comerciales fuera de los medios y al trabajo de campo en la oenegés “Acción contra el Hambre”.
“La señora se había retirado del medio, había bajado su perfil y estaba en otras cosas fuera del periodismo. Realmente asusta, por no decir otra cosa, que la hayan desterrado de esa forma”, dijo desde el anonimato una colega de Nohelia que vive en un departamento de Nicaragua.
Quienes trabajaron con ella, no recuerdan que González tenga familiares o lazos en Panamá, por lo cual están extrañados que se mencione ese país como destino del destierro, según la denuncia de 100% Noticias.
La periodista residía desde hace más de 15 años en carretera a Masaya, en la comunidad Veracruz, en un residencial privado construido por el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (ISSDUH), la caja social de la Policía de Ortega y Murillo, encargada de manejar las pensiones de la sancionada institución.
Su expulsión ocurre el mismo día en que se conoció el cierre y confiscación de Radio María de Nicaragua, y en medio de un incremento de los ataques de odio de la vocera gubernamental, Rosario Murillo.
La expatriación de González ocurre, a la vez, en un contexto de incremento del asedio, persecución, amenazas, encarcelamiento y juicios arbitrarios contra periodistas que permanecen en Nicaragua, aunque estén retirados del oficio.
La guerra del régimen contra el periodismo es total y feroz. De acuerdo a periodistas dentro y fuera de Nicaragua, la policía del régimen está persiguiendo a periodistas retirados del oficio, a ex estudiantes de comunicación social de la UCA, a antiguos conductores de medios, a camarógrafos o fotógrafos de los extintos periódicos y hasta a periodistas jubilados, columnistas o excolaboradores editoriales de los medios más antiguos.
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