El abogado nicaragüense Danny Ramírez Ayérdiz, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (CALIDH) habló con La Mesa Redonda sobre la situación de memoria y transición en Nicaragua, destacando la lucha del pueblo nicaragüense para salir de la dictadura.
Ramírez Ayérdiz enfatizó que la memoria nicaragüense está en constante desarrollo y reinterpretación, especialmente a través del trabajo de periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que reconstruyen y visibilizan memorias ocultas.
El abogado subrayó la importancia de una transición basada en la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, destacando que cualquier proceso de transición debe ser liderado por los derechos humanos y no meramente en lo político y económico.
“Quiero decirles a los analistas que escuchen a los movimientos de Derechos Humanos para hablar de transición, porque la transición en esta ocasión se debe a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos y sus familiares; y no al revés. La transición va a ser por causa de las víctimas y sus familiares. Sin embargo, la clase política y los analistas mencionan a la transición como que solamente se va a dar en el ámbito político. La razón, la moral de esta transición es por las víctimas y no al revés”, declaró.
“En la próxima transición, a diferencia de la transición de Doña Violeta –que había otras circunstancias, pero es criticable como todo proceso– en aquel momento la razón de la transición era la paz con todos los errores; pero ahora la transición no es la paz, ahora la lógica de la transición es hacer justicia con esas personas”, añadió.
Ramírez Ayérdiz expresó preocupación por las diferentes posiciones políticas que podrían comprometer la justicia y la democracia futuras en Nicaragua, llamando a un compromiso amplio que incluya a todos los sectores de la sociedad nicaragüense en la construcción de la democracia genuina.
Insistió en la necesidad urgente de una concertación entre diversos sectores para enfrentar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y asegurar una transición hacia la democracia con bases sólidas en derechos humanos y justicia transicional.
“Yo reclamo siempre que la transición y el motor de la nueva democracia, sean los Derechos Humanos… Si los políticos quieren establecer una transición amnésica y solo orientada en la repartición de sillas en la Asamblea Nacional… es una transición puramente instrumental en el sentido de ‘quitarte vos que vengo yo’. Pero la transición debe ser más amplia y se debe escuchar en este momento la memoria, es donde debe escucharse por parte de los actores políticos”, dijo.
El abogado destacó que “hay que darle el lugar que deben tener los movimientos de personas de familias cuyos deudos fueron asesinados por el régimen, luego los de presos políticos, luego está los que fueron lisiados por las agresiones del régimen y sus paramilitares y luego a los organismos de Derechos Humanos que nosotros representamos a muchas víctimas ante los diferentes órganos de Derechos Humanos. Así es como se va a ir construyendo ese camino transicional”.
“Si un gobierno transicional no tiene en cuenta los Derechos Humanos, fracasa esa transición y en 40 años estamos en otro conflicto”, auguró.
“Los organismos de Derechos Humanos estamos pidiendo justicia, justicia, justicia… Los organismos políticos van en un sentido totalmente opuesto, porque su razón de transición es meramente política y económica, nada más”, criticó.
Ramírez Ayérdiz subrayó la importancia de un eje programático claro hacia la transición democrática, desarrollado en consulta con analistas y actores clave de la sociedad civil. Este enfoque busca evitar los errores del pasado y garantizar que la transición política en Nicaragua no solo sea superficial, sino que esté arraigada en principios de justicia y respeto a los derechos humanos.
“Es necesario que los grupos políticos y los defensores de derechos humanos se sienten juntos para dibujar esa futura democracia”, afirmó Ramírez Ayérdiz.
Propuso que cada grupo presente sus propuestas de justicia transicional, basadas en experiencias y necesidades específicas, con el objetivo de construir un consenso sólido hacia un futuro democrático sostenible en Nicaragua.
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