El observatorio ciudadano Urnas Abiertas presentó este jueves 19 de septiembre su informe “El Costo de la Corrupción en Nicaragua”, un análisis exhaustivo que revela la magnitud del problema de la corrupción en el país y su relación con el modelo autoritario que se ha consolidado desde 2018.

El Observatorio de Corrupción de Urnas Abiertas, revela que el 58% de las personas que realizaron trámites en instituciones públicas durante el primer semestre de 2024 fueron víctimas de sobornos o extorsión.

Esta realidad no solo refleja una cultura de corrupción profundamente arraigada, sino que también señala cómo este fenómeno afecta desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos. Según los datos, estas familias pierden hasta un 7.5% de sus ingresos mensuales en pagos irregulares, un impacto aún más severo en el caso de las mujeres, que enfrentan una pérdida del 10%.

“El régimen autoritario en Nicaragua no solo utiliza la violencia para mantener el control social, sino que ha permitido una ‘corrupción autorizada’, en la cual funcionarios, paramilitares y otros operadores del régimen se benefician mediante extorsión y sobornos”, reza el informe.

El editorial de Urnas Abiertas enfatiza la urgencia de enfrentar la corrupción como un “problema de supervivencia para la mayoría de los nicaragüenses, quienes viven las consecuencias de un sistema que los oprime y margina día tras día”.

“Urgimos a la comunidad nacional e internacional a que comprendan que la lucha contra la corrupción no es solo un tema ético, sino una cuestión de supervivencia para miles de nicaragüenses que diariamente enfrentan un sistema opresivo que les arrebata sus derechos y su sustento”, dijo Olga Valle, directora de Urnas Abiertas.

Añadió que “para lograr un cambio real en Nicaragua, no basta con un cambio de gobierno”, sino que, “es urgente implementar medidas estructurales que enfrenten la corrupción, reduzcan la desigualdad y fortalezcan las instituciones democráticas”.

Sobre el informe “El costo de la corrupción en Nicaragua”

El estudio fue realizado en Nicaragua entre junio y julio de 2024, se aplicó el instrumento a 1,103 personas en 17 departamentos y 148 municipios para entender cómo el modelo económico autoritario afecta sus vidas.

Se diseñó una muestra estadística teniendo en cuenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. No obstante, los resultados no son extrapolables a la totalidad del país debido a los desafíos de aplicar una encuesta aleatoria en un contexto de persecución.

Por lo tanto, los resultados reflejan únicamente las respuestas de las personas que completaron el cuestionario en el período señalado, sin pretender representar a toda la población.

El instrumento exploró cómo la corrupción impacta a los ciudadanos, cómo se manifiesta en diversas instituciones y cuáles son las expectativas de la gente sobre su futuro en temas de seguridad y justicia social. Las respuestas se enfocaron en la situación actual, permitiendo a los encuestados expresar libremente sus experiencias.

Algunos datos relevantes

1. El 58% de las personas que realizaron al menos un trámite en una institución pública durante el primer semestre de 2024 tuvo que hacer un pago irregular, ya sea por soborno o extorsión.
2. En promedio, los pagos irregulares absorben el 5% de los ingresos mensuales de las familias.
3. Las familias con ingresos de C$6,000 o menos pierden, en promedio, el 7.5% de sus ingresos mensuales en pagos irregulares, una cifra superior al promedio general. En el caso de las mujeres, este porcentaje sube al 10%.
4. Las familias con ingresos superiores a C$37,000 son las que menos pierden en pagos irregulares, destinando, en promedio, C$256 mensuales y 3% de sus ingresos, en términos absolutos y relativos respectivamente.
5. El 45% de los pagos irregulares son solicitados por funcionarios públicos (soborno pasivo); el 33% los ofrece la ciudadanía para agilizar trámites (soborno activo); y el 23% son exigidos por imposición de las autoridades (extorsión).
6. Los departamentos que reciben los montos más altos en pagos irregulares, en promedio son: Rivas (C$51,506); Matagalpa (C$48,014); Masaya (C$35,083); Estelí (C$30,750); y Chinandega (C$28,240).
7. Las alcaldías encabezan la lista de instituciones con mayor participación en cobros irregulares a la ciudadanía, con un 12% de los pagos atribuidos a ellas, seguidas por la Policía Nacional con un 9%, la Dirección General de Ingresos (DGI) con un 4%, y en cuarto lugar, con un 3%, se encuentran la Dirección General de Aduanas (DGA), el Ministerio Agropecuario (MAG), el Ministerio de Salud (MINSA) y el Consejo Supremo Electoral (CSE), respectivamente.
8. Las y los dueños de negocios tienen la mayor probabilidad de realizar pagos irregulares, con un 81.3%, seguidos por trabajadores por cuenta propia, con un 67.5%. Esto refleja la alta vulnerabilidad de estos grupos debido a su frecuente interacción con instituciones del Estado.
9. En la mayoría de las ocupaciones, las mujeres destinaron, en promedio, una mayor cantidad de dinero a pagos irregulares en lo que va de 2024, salvo en el caso de los trabajadores por cuenta propia, donde fueron los hombres quienes pagaron más.
10. El 35% de las personas que tuvieron que hacer un pago irregular reportaron haber cambiado sus hábitos, siendo la autocensura el principal cambio (61%), seguido por la intención de migrar (20%).
11. En cuanto a la percepción, el 97% de los encuestados señaló que los pagos irregulares aumentaron en comparación con el año anterior, mientras que el 78.3% considera que los pagos irregulares serán mayores en los próximos 12 meses.
12. El 16% de los encuestados mencionó haber enfrentado situaciones de extorsión sin haber iniciado ningún trámite, ya sea en sus hogares, negocios o lugares de trabajo.