El Mecanismo Para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, presentó este miércoles 2 de octubre su último informe, donde se identifican nueve casos de desapariciones forzadas en Nicaragua, en el que destaca la situación de la periodista feminista Fabiola Tercero, de quien se desconoce su paradero y condición de salud desde el 12 de julio pasado.
El informe subraya que la desaparición forzada se ha convertido “en una estrategia” de la dictadura de Daniel Ortega “para castigar a sus opositores”.
“Un claro ejemplo de esta práctica es la situación de las personas detenidas a las que se les niega el derecho a recibir visitas durante períodos prolongados, que van de tres, seis y hasta nueve meses. Estas restricciones no solo buscan aislar a los presos políticos, sino también infligir un castigo psicológico a sus familias”, apuntó.
📣 El Mecanismo identifica en su último informe 9 casos de personas desaparecidas, de las cuales se desconoce su paradero y condición de salud, entre ellas la periodista feminista Fabiola Tercero.
— Presas y Presos Políticos Nicaragua (@MPresasPresosNi) October 2, 2024
Lee más en el informe en este link: https://t.co/wNaS6kLBO4 #SOSNicaragua pic.twitter.com/jokGBHs5Ri
Los nueve casos de desapariciones forzadas en Nicaragua son:
1. Jaime Enrique Navarrete Blandón
2. Lesbia Gutiérrez Poveda
3. Brooklyn Rivera
4. Bryan Evelyn Carolina Matus Hernández
5. Eddie Moisés González Valdivia
6. Gersom Antonio Zeledón Motta
7. Domingo Antonio Munguía Carrión
8. Fabiola del Carmen Tercero Castro
9. Carmen María Sáenz Martínez
El Mecanismo señala que un caso de gran preocupación es el de la periodista y feminista Fabiola Tercero, de quien no se tiene información clara de su paradero, lo que ha generado gran preocupación entre organizaciones de derechos humanos.
“La policía es señalada como responsable directa de su integridad física y de su bienestar, ya que hasta la fecha no se ha revelado su ubicación ni las condiciones en que se encuentra”, anotó.
El Mecanismo hizo un llamado a las autoridades al esclarecimiento del paradero de las siguientes personas presas políticas y que se les permita a sus familiares una prueba de vida y visitas regulares.
“Este tipo de actos constituye una grave violación de derechos humanos, en particular el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, y responsabiliza al Estado por cualquier daño que pudiera sufrir estas personas. Este patrón no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un clima de miedo e incertidumbre en toda la sociedad”, concluye.
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