El régimen de Daniel Ortega presentó su informe oficial en el marco del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero en lugar de reflejar la verdadera situación del país, la dictadura presenta una “realidad paralela, llena de información falsa e imprecisa sobre derechos fundamentales”, aseguró el observatorio ciudadano Urnas Abiertas.

Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, denunció que el informe de la dictadura “oculta las graves violaciones a los Derechos Humanos que han ocurrido en el país entre 2019 y 2024”.

“En Urnas Abiertas encontramos que el informe presentado por el Estado no refleja en absoluto la situación del país, y más bien describe una realidad paralela que oculta las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido particularmente entre 2019 y 2024”, declaró Valle.

El observatorio afirma que el informe presentado por la dictadura brinda “información falsa e imprecisa” sobre otros temas relevantes como derechos económicos, laborales, de las mujeres, de pueblos indígenas, al agua y otras libertades fundamentales.

Situación política de Nicaragua

Valle recordó que el año 2019, en el marco del EPU, el Estado de Nicaragua recibió una serie de recomendaciones con respecto a los derechos políticos y sociales y aceptó la recomendación 125.112, la cual llamaba al Estado nicaragüense a adoptar medidas eficaces para que el próximo proceso electoral incluyera a todos los partidos y movimientos políticos, y que además fuera un proceso totalmente transparente.

En ese sentido, Urnas Abiertas aseguró que el Estado de Nicaragua en este informe publicado, “miente cuando dice que entre 2019 y 2024 se realizaron cuatro procesos electorales de conformidad a la ley, las que transcurrieron en orden y en paz”.

“En Nicaragua sabemos que lo que pasó en realidad fue la anulación de la competencia electoral, obstaculizando por completo que las y los nicaragüenses ejercieran su derecho a elegir y ser electos. Estos procesos carentes de legitimidad e integridad electoral se dieron además en un contexto no democrático”, aseveró Valle.

Además, subrayó que entre el 2 de junio y el 24 de julio de 2021, fueron detenidas arbitrariamente siete personas precandidatas a la presidencia.  Asimismo se dictó la inhabilitación de una candidata a la vicepresidencia.

“Todos los precandidatos junto a más de 200 personas presas políticas fueron posteriormente desterradas y desnacionalizadas”, añadió.

El informe del régimen también expresa que en todos los procesos participaron el 100% de los partidos políticos con personalidad jurídica, sin ninguna exclusión dentro del marco jurídico de la nación, y que los ciudadanos asistieron de forma “masiva y libre” a ejercer su derecho al voto.

Al respecto, Valle sostuvo que en diciembre de 2020 la Asamblea Nacional aprobó la ley 1055, “que ha sido utilizada desde entonces como la principal herramienta para eliminar la competencia electoral a través de la persecución judicial”.

“En las elecciones generales de 2021, las municipales de 2022 y las regionales de 2024, desde Urnas Abiertas registramos violencia política, estrategias de coacción al voto, uso ilegal de recursos públicos, cancelación de partidos políticos, una manipulación excluyente del padrón electoral, la falta de independencia de las autoridades electorales y otra serie de eventos indicativos de fraude”, recalcó.

Además, el Estado de Nicaragua “no ha cumplido con la recomendación realizada en el EPU del 2019 de adoptar medidas eficaces para incluir a todos los partidos y movimientos políticos en los procesos electorales”, pues “en las últimas elecciones de la Costa Caribe de este año, el Consejo Supremo Electoral canceló la personalidad jurídica del partido indígena Yatama”.

Asimismo, la dictadura encarceló a los dirigentes de ese partido, a Nancy Enríquez y Brooklyn Rivera, este último hasta el día de hoy se encuentra en condición de “desaparición forzada”.

Urnas llamó a la comunidad internacional a emitir recomendaciones para que las elecciones de 2026 se realicen en condiciones democráticas y libres, con observación internacional y sin represión.

“Llamamos a la comunidad internacional a emitir recomendaciones para que las próximas elecciones generales de 2026 cuenten con condiciones democráticas, incluyendo que se permita la competencia electoral, la observación ciudadana e internacional y se levante el Estado policial de facto. Todas estas son condiciones necesarias para que en Nicaragua ejerzamos nuestro derecho al voto universal y equitativo”, concluyó Valle.

Otras mentiras de la dictadura

Otras mentiras del régimen en su informe son que, asegura que en Nicaragua hay “goce y disfrute de los Derechos Humanos de todo el pueblo de Nicaragua”.

Miente al decir que “desarrolla sus relaciones internacionales, comerciales y de cooperación de forma respetuosa y no condicionada con la comunidad internacional”.

Otra falacia es que las “organizaciones de la Sociedad Civil, pueden ejercer su labor”, y que “respeta la independencia y pluralismo de los medios de comunicación”.

Asimismo, miente al asegurar que “promueve, defiende y tutela las garantías constitucionales y derechos humanos de los nicaragüenses”. Miente al afirmar que Nicaragua es “el país más seguro de Centroamericana y referente en materia de seguridad en Latinoamérica”.

También engaña al asegurar que defiende “nuestra Madre Tierra” y el “derecho a la propiedad”.