El abogado nicaragüense Uriel Pineda, especialista en derechos humanos, analizó las implicaciones de la reforma constitucional ordenada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua que, aunque presentada como una “reforma parcial”, modifica más de 100 artículos de la Constitución Política, alterando radicalmente el marco legal y político del país.

En entrevista con La Mesa Redonda, el doctor Pineda calificó esta acción como una “reforma total” que requiere una Asamblea Nacional Constituyente, no solo por el número de artículos modificados, sino por la transformación estructural del sistema político y de gobierno en Nicaragua.

Entre los cambios más controvertidos destacan:

• La ampliación del período presidencial de cinco a seis años.
• La introducción del cargo de “copresidente”, diseñado para Rosario Murillo.
• La subordinación de los poderes legislativo, judicial y electoral al Ejecutivo.
• La inclusión de la bandera del Frente Sandinista como “símbolo patrio”.
• La legalización de los paramilitares bajo la figura de “policía voluntaria”.

El doctor Pineda explicó que esta reforma no solo perpetúa el control del régimen Ortega-Murillo sobre el país, sino que marca un punto de no retorno para una posible transición democrática, al dejar como única alternativa futura la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente.

Según el experto, estas medidas reflejan una estrategia de “sobrevivencia” del régimen ante un contexto internacional adverso y un posible cambio en la política estadounidense con el regreso de Donald Trump.

El análisis incluyó reflexiones sobre el impacto de estas reformas en los derechos humanos y la seguridad ciudadana, destacando que la creación de un “Estado revolucionario socialista y cristiano” representa un retroceso político, equiparable a una regresión monárquica sin precedentes en América Latina.