La Fundación del Río denunció la aprobación de la reforma a la Constitución Política de Nicaragua, propuesta por el régimen Ortega-Murillo y sostuvo que esta reforma, lejos de representar un avance hacia la modernización constitucional, implica un grave retroceso que amenaza los derechos fundamentales de la ciudadanía, el medio ambiente, así como los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes del país.

“La nueva reforma de la Constitución de los Ortega-Murillo no representa un avance hacia la modernización constitucional, sino un retroceso profundo que desmantela derechos históricos y principios esenciales, consolidando un modelo autoritario y excluyente”, señaló la organización.

En ese sentido, la Fundación mencionó cuatro graves implicaciones que supone esta reforma aprobada hoy por los diputados de facto en la Asamblea Nacional:

1. Cercenamiento a la Libertad de Asociación y Participación Ciudadana

Las modificaciones a los artículos 49 y 50 de la Constitución Política de Nicaragua suponen un ataque directo a la Libertad de Asociación y Participación Ciudadana. Obligar a las organizaciones de la sociedad civil a adscribirse a los principios impuestos en estas reformas constituye una imposición ideológica que violenta su autonomía y naturaleza.

Adicionalmente, al eliminar las garantías de participación en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal, se restringe el derecho de la ciudadanía a incidir en la toma de decisiones, anulando la participación efectiva a nivel nacional y local, así como los derechos fundamentales de la persona, la familia y la comunidad.

2. Retroceso en la Protección Ambiental

La reforma al artículo 60 desmantela los compromisos del Estado con la protección ambiental y la sostenibilidad. Al eliminar el reconocimiento de la Madre Tierra como un sistema autorregulado y la obligación de proteger los ecosistemas y la biodiversidad, se traiciona el mandato constitucional de garantizar un desarrollo sostenible.

Más alarmante aún es la reforma al artículo 102, que abre las puertas a la explotación de los recursos naturales sin procesos transparentes, públicos o vinculados al interés nacional. Esto deja los bienes comunes del país a merced de intereses privados, sin posibilidad de escrutinio público, lo que puede profundizar la degradación ambiental y los conflictos socioambientales.

3. Violaciones a los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes

Las modificaciones a los artículos 180 y 181 constituyen una grave amenaza a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Extender el período de los Consejos Regionales Autónomos y eliminar la obligación del Estado de garantizar el disfrute de los recursos naturales y la propiedad comunal son actos de despojo que debilitan las autonomías regionales.

Más grave aún, la modificación del artículo 181 abre la puerta a derogar la Ley 28 «Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua» y la Ley 445 «Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas», pilares del régimen de autonomía de la Costa Caribe. Este cambio atenta contra el derecho histórico de las comunidades indígenas y afrodescendientes a decidir sobre su territorio y recursos, violando los instrumentos internacionales.

4. Exclusión de los Pueblos del Centro, Pacífico y Norte

De manera sistemática, la recién aprobada reforma de la Constitución Política continúa ignorando a las comunidades indígenas y afrodescendientes del Centro, Pacífico y Norte y sus derechos territoriales en el país. Este abandono institucional perpetúa la exclusión de estos pueblos, negándoles el reconocimiento y la protección de sus derechos.

“Rechazamos categóricamente esta reforma constitucional que viola derechos fundamentales y destruye los avances en participación ciudadana, justicia ambiental y derechos de los pueblos originarios”, señaló la Fundación

Finalmente hizo un llamado al pueblo de Nicaragua a “rechazar este panfleto que carece de legitimidad y que violenta los principios básicos de un Estado de Derecho democrático”.

“Asimismo, pedimos a las comunidades indígenas y afrodescendientes estar atentos a los cambios y reconfiguraciones legales que el régimen pretenda continuar haciendo con base a estas reformas. Nicaragua no puede construir un futuro sobre la base de la exclusión, el despojo y autoritarismo”, concluyó.