El dictador Daniel Ortega envió a los orteguistas en la Asamblea Nacional de Nicaragua, dos reformas para extender por un año más los mandatos del jefe del Ejército y el director de la Policía en el país; es decir, de ampliar de cinco a seis años el período de mando.

Reforma policial

La Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872) fue modificada en su artículo 47, estableciendo que Ortega podrá prorrogar el mandato del director general de la Policía “de acuerdo a intereses de la nación”.

Esta reforma abre la puerta para que Francisco Díaz, actual director de la Policía y consuegro de Ortega, ocupe el cargo de manera indefinida.

Díaz, quien fue nombrado en 2018 durante la crisis sociopolítica en Nicaragua, ha mantenido un papel clave en la represión de opositores y manifestantes.

La modificación también estipula que, en caso de que el período del director de la Policía venza, continuará en funciones hasta que su sucesor tome posesión.

Reforma militar

Por su parte, la reforma del Código de Organización, Jurisdicción y Previsión Social Militar (Ley 181), modificada en su artículo 8, extiende el mandato del Comandante en Jefe del Ejército. Actualmente, este cargo tiene un período de cinco años, pero con la reforma, Ortega podrá prorrogarlo por un año adicional.

El actual jefe del Ejército, Julio César Avilés, lleva 16 años en el cargo y continuará al frente de las Fuerzas Armadas hasta que se decida su reemplazo.

A diferencia de la Policía Nacional, la reforma del Ejército no establece un mandato indefinido, pero sí permite que Ortega continúe extendiendo el periodo de Avilés si lo considera necesario.

El cambio en la ley militar incluye, sin embargo, una medida que prohíbe que los familiares de Ortega, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, puedan ocupar el cargo de Comandante en Jefe del Ejército.

Estas reformas se presentan como una consolidación del poder en manos de la familia Ortega-Murillo.