Un grupo de 71 nicaragüenses exiliados, en su mayoría desnacionalizados, instó el martes a la comunidad internacional a intensificar las sanciones contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, incluida la expulsión de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA), debido al “autogolpe de Estado” a través de una reforma constitucional.

En un pronunciamiento, los firmantes hicieron un llamado a la comunidad internacional para que “endurezcan sus sanciones y medidas contra la dictadura Ortega Murillo, en el campo político y económico”, y los instaron “a que no se limiten a emitir declaraciones y comunicados”.

Entre esas medidas recomendaron expulsar a la dictadura del CAFTA; aplicar suspensión, al menos temporal, del SWIFT que usan bancos de Nicaragua con los de Estados Unidos; y suspender de manera inmediata el financiamiento por parte de los multilaterales.

Esta solicitud se produce tras la reciente reforma constitucional aprobada en primera legislatura, que otorga un poder absoluto al régimen.

Los firmantes rechazaron la nueva Constitución por considerarla un intento de consolidar una “dictadura hereditaria familiar”. Según el documento, la reforma busca establecer “una monarquía absolutista de dos cabezas” que intensifica la represión política y militar en el país.

El grupo opositor instó a iniciar procesos legales contra Ortega en tribunales internacionales por “crímenes de lesa humanidad”, incluidas denuncias de genocidio, asesinatos y torturas.

“Las declaraciones y sanciones personales son insuficientes. Poner fin a una dictadura como la de Ortega y Murillo es una contribución con la democracia en todo el continente”, señalaron en su pronunciamiento.

Asimismo, pidieron a la comunidad internacional mayor respaldo financiero y organizativo para la resistencia dentro y fuera de Nicaragua.

Los opositores señalaron que la reforma constitucional representa una “declaratoria de guerra política al pueblo de Nicaragua”. En respuesta, hicieron un llamado a todos los sectores opositores a coordinar esfuerzos para acelerar “el proceso de implosión del régimen”.

El grupo también apeló a las fuerzas armadas y policiales del país a no participar en actos de represión. “El Ejército no fue construido para ser pretoriano ni al servicio de dos criminales de lesa humanidad”, afirmaron, instando a las instituciones a ponerse del lado de la democracia, la justicia y la libertad.

Este pronunciamiento de los exiliados refuerza la presión sobre la comunidad internacional para adoptar medidas contundentes que frenen la consolidación de la dictadura en el país centroamericano.

Los firmantes recalcaron que las sanciones y el apoyo material son esenciales para debilitar al régimen y restaurar la democracia, subrayando que este esfuerzo no solo beneficiará a Nicaragua, sino que contribuirá a la estabilidad democrática en la región.