El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX) ha solicitado al Tribunal Administrativo Migratorio de Costa Rica que apruebe de manera urgente la solicitud de refugio para el nicaragüense Reinaldo Picado, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgara medidas cautelares, debido a los riesgos que enfrenta si es deportado a Nicaragua.

Reinaldo Picado

Gabriel Putoy, excarcelado político y miembro activo del GREX exiliado en Costa Rica, señaló a La Mesa Redonda que además, demandan a las autoridades costarricenses que liberen a Picado, detenido en ese país desde el 31 de octubre de 2022.

“Seguimos demandando que el Tribunal Administrativo Migratorio de acá de Costa Rica se pronuncie a favor de la solicitud de refugio de Reinaldo Picado, y también que lo libere de manera inmediata, porque lo que Nicaragua ha hecho es inventarle un delito rocambolesco, y nadie puede seguirle creyendo a un dictador que no tiene ningún crédito, ni interno en Nicaragua, ni de manera internacional”, declaró Putoy.

El opositor nicaragüense destacó que desde la detención de Picado en 2022, han estado involucrados en diversas acciones, desde manifestaciones en las calles de San José e instituciones de Migración en Costa Rica, exigiendo la aprobación del refugio para Picado.

Según Putoy, las medidas cautelares a favor de Reinaldo Picado representan un “triunfo comunitario” para todos los opositores nicaragüenses exiliados en Costa Rica.

“Nosotros celebramos lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de hacer, en la aprobación de las medidas cautelares y demandándole al gobierno de Costa Rica que pare la extradición o la expulsión o la entrega de Costa Rica a Nicaragua de Reynaldo Picado”, dijo.

Putoy recalcó que en Nicaragua no existe la justicia.

La CIDH determinó que Picado se encontraba en una situación de “gravedad y urgencia” debido a los riesgos de tortura y violaciones a sus derechos humanos si es deportado a Nicaragua.

Por ello, instó al gobierno costarricense a no proceder con su extradición y a garantizar su seguridad, destacando la falta de garantías judiciales en el sistema nicaragüense, donde el régimen de Ortega-Murillo continúa siendo acusado de violaciones a los derechos humanos.