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Impacto de la prisión política en personas adultas mayores en Nicaragua

La Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) presentó este viernes 6 de diciembre su informe titulado “¿Y si fuera tu abuela o tu abuelo?”, el cual muestra el impacto y afectaciones de la prisión política en las personas adultas mayores en Nicaragua.

Desde 2018 hasta octubre de 2024, se han registrado más de 2.000 detenciones por motivos políticos en Nicaragua. De ellos, al menos, 75 personas son adultas mayores (66 hombres y 9 mujeres).

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua identifica que, de las 46 personas registradas como detenidas hasta finales de octubre de 2024, 10 son adultas mayores (9 hombres y 1 mujer). A eso se le suma que 3 de esas 10 personas están desaparecidas, tres tienen discapacidades, dos son indígenas y la mayoría tiene enfermedades crónicas.

Adicionalmente, el Monitoreo Azul y Blanco ha denunciado una nueva redada de opositores. Entre el 22 y 29 de noviembre de 2024 se han registrado al menos 30 personas detenidas a nivel nacional, de estas al menos 10 son adultas mayores.

La prisión política genera dos tipos de víctimas en la edad avanzada: las detenidas y sus familiares. Un impacto doble”, aseveró la organización.

El informe señala que las violaciones a los derechos humanos tienen un impacto distinto dependiendo de una serie de factores de la víctima, entre ellos su edad, salud, origen, preferencia sexual, género, etnia, religión, entre otros. En ocasiones, estos factores convergen entre sí y colocan a la víctima en una situación de extrema vulnerabilidad.

Condiciones carcelarias de los presos políticos adultos mayores

El informe anota que el Estado no cuenta con un régimen penitenciario que sea compatible con los derechos de las personas adultas mayores.

Hemos documentado casos de personas adultas mayores con artrosis que, ante la falta de inodoros, tienen que hacer sus necesidades en ‘cuclillas’ debido a que solamente existe un hueco que se conecta a las tuberías”, indica.

Además, el informe detalla que las personas adultas mayores por motivos políticos en Nicaragua no tienen una alimentación adecuada conforme a sus necesidades médicas y tampoco tienen acceso a agua potable.

Estas las condiciones carcelarias “han provocado enfermedades o el agravamiento” de las personas adultas mayores que no tienen atención médica adecuada; ni siquiera quienes tienen problemas crónicos.

Hay adultos mayores que han estado a punto de sufrir comas diabéticos debido a que su glucosa ha alcanzado niveles de 550 mg/dl de forma constante. Esa condición clínica debería ser motivo para trasladarlos a un centro hospitalario, pero no se les da mayor atención de respuesta que otorgarle una pastilla y suero”, critica la UDJ.

También se ha documentado casos de personas mayores de 70 años que han perdido totalmente la vista luego de pasar años encerradas en celdas de máxima seguridad, sin suficiente acceso a patio-sol, en condiciones infrahumanas, y sin falta de atención médica a pesar de haberla pedido para evitar quedar con ceguera.

Uno de esos casos es el del señor José Ricardo Cortez Dávila (de 72 años en 2024) quien, luego de 9 años en pésimas condiciones carcelarias, perdió su vista en 2023 y aún así sigue detenido injustamente.

Es grave también la situación de aquellos adultos mayores que suelen recibir mayor tortura psicológica o incluso física, ya que su salud queda más expuesta ante el incremento de desesperación, angustia y/o de daños físicos que no son atendidos, como el caso del abogado Manuel Urbina Lara (de 61 años en 2024) quien, en agosto de 2024, fue severamente golpeado por agentes penitenciarios en su celda de máxima seguridad en el penal La Modelo, a pesar de padecer de hipertensión y de otros problemas crónicos”, denuncia la organización.

La UDJ recuerda que Nicaragua es Estado parte de Tratados Internacionales de Derechos Humanos que plasman obligaciones para respetar y garantizar los derechos de las personas adultas mayores. Incluso, el cuerpo constitucional y legal nicaragüense reconoce la importancia y necesidad de proteger a las personas adultas mayores.

Por ello cuestiona: ¿El Estado está tomando en cuenta ese marco normativo para aplicar criterios de protección diferenciados a las personas adultas mayores detenidas por motivos políticos?

Sufrimiento de los familiares de adultos mayores

En penales como La Modelo, las autoridades hacen esperar horas a estos familiares para que logren ver a su familiar detenido. La mayoría de las veces pueden tardar hasta más de seis horas, desde que llegan hasta que salen del penal, aunque la visita se reduce a menos de una hora.

Asimismo, al menos en La Modelo, las autoridades hacen que los familiares, incluidos los adultos mayores (hay casos de personas hasta mayores de 70 años), tengan que caminar hasta más de un kilómetro (gran parte bajo sol) hasta llegar al espacio donde se permite la visita.

Para las personas mayores de 60 años y/o con alguna enfermedad crónica, esto es extenuante y sumamente difícil, pues en todo ese trayecto tienen que cargar con la paquetería de productos básicos que le llevan a sus familiares. Gran parte de ellos son de escasos recursos, lo cual potencia su vulnerabilidad económica y aumenta los obstáculos para poder movilizarse a hacer las visitas”, dice la UDJ.

El trato cruel no acaba ahí: en la mayoría de los penales en los que hay personas presas políticas, las autoridades requisan de forma más exhaustiva a sus familiares sin importar su edad.

Hemos registrado casos donde los agentes penitenciarios han obligado a adultos mayores a quitarse sus zapatos a pesar de que por sus múltiples enfermedades no podían. O casos donde a las mujeres adultas mayores les hacen quitarse la camisa, hacer sentadillas, y/o las han registrado con las manos debajo de su sostén, lo cual ellas describen como una severa humillación”, detalla el informe.

Asimismo, el área forense de la UDJ ha determinado que la angustia, depresión, ansiedad, labilidad afectiva y estrés postraumático son algunas de las consecuencias psicológicas comunes que sufren los familiares adultos mayores por la prisión política de sus seres queridos.

 

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