Con 89 votos a favor y cero en contra, los orteguistas y sus aliados en la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobaron este jueves 26 de diciembre el proyecto de “Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero”, que incrementará el control sobre los bancos del país y faculta al régimen Ortega-Murillo anular nombramientos, destituir directivos y controlar flujos de capital.
La Ley de Administración del Sistema Monetario y Financiero, otorga amplias facultades a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y al Banco Central de Nicaragua (BCN) para intervenir directamente en los bancos privados del país, incluyendo el nombramiento y destitución de sus directores, gerentes y demás personal.
Uno de los artículos más controversiales es el artículo 138, que otorga a la SIBOIF la capacidad de “declarar sin valor legal y sin efectos societarios y jurídicos los nombramientos de los Directores, del Gerente General o del Principal Ejecutivo y del Auditor Interno de las instituciones financieras sujetas a su supervisión, inspección, vigilancia, y fiscalización, si no llenan los requisitos de ley o por razones que determine la Superintendencia”.
Además, el artículo 139 le da a esta entidad el poder de “destitución de cualquier miembro de las Juntas Directivas, Gerentes, ejecutivos y empleados de las instituciones bajo su supervisión, inspección, vigilancia y fiscalización que se encontraren responsables por infracciones graves cometidas en el ejercicio de sus funciones. Lo anterior podría incluir la prohibición parcial o definitiva de laborar en el sector financiero”.
Otra disposición clave es el artículo 140, que establece que cualquier movimiento relacionado con el aporte de capital o traspaso accionario en los bancos deberá contar con la autorización de la Superintendencia, que se asegurará de la procedencia lícita de los fondos involucrados.
Asimismo, el artículo 142 faculta a esta entidad para ordenar el cierre forzoso de instituciones financieras si lo considera necesario.
La iniciativa también elimina el sigilo bancario, ya que tanto las personas naturales como jurídicas están obligadas a entregar información económica, financiera y estadística que sea solicitada por el Banco Central o la Superintendencia, bajo el argumento de fines estadísticos o regulatorios.
Consecuencias financieras
La ley podría tener consecuencias en la estabilidad financiera del país, según el economista nicaragüense Oscar René Vargas.
Advirtió que esta nueva ley podría provocar una fuga de capitales, ya que las personas con ahorros en dólares podrían buscar mecanismos para retirar su dinero de los bancos ante el temor de un control total sobre las divisas.
Según Vargas, la ley podría llevar al país a una situación similar al corralito financiero, un control de divisas que impida a los ciudadanos retirar sus fondos hasta que el régimen decida lo contrario. Además, la posibilidad de convertir los ahorros en dólares a córdobas es vista como parte de la estrategia de “cordobización”, lo que refuerza las preocupaciones sobre un mayor control estatal.
“La ley es para controlar a los bancos, controlar todas las divisas, incluyendo las remesas y los ahorros en dólares. La gran pregunta es, que si esto no va a provocar una fuga de capital de las personas que tienen, es decir, la gente, los que puedan, va a buscar cómo sacar sus dólares de los bancos. Esa va a ser la reacción inmediata”, auguró.
Para el economista se está creando un ambiente de “desconfianza total” de los ahorrantes que tienen su dinero en dólares en los bancos, debido a que “el sigilo bancario ya no existe”.
“Lo que puede pasar es lo que se llama el corralito, es decir, controlar todas las divisas del país y que nadie pueda sacar dinero hasta que ellos (la dictadura) puedan decidir cuándo. Y cuando saquen dinero, el dinero se lo van a transformar en Córdoba. Y esa es la ley de la cordobización”, afirmó.
La propuesta también plantea la creación de un Consejo Directivo Monetario y Financiero, compuesto por el Presidente del Banco Central, el Superintendente de Bancos y el Ministro de Hacienda, todos cercanos al régimen Ortega-Murillo, lo que genera aún más incertidumbre sobre el uso político de la información obtenida por estas entidades.
Para Vargas “la gran pregunta” es cuál será la reacción de los bancos privados en Nicaragua.