El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este viernes 27 de diciembre una actualización de la Sección 353, Informe de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocido como “Lista Engel”, entre los cuales hay 20 personas de Nicaragua, todos funcionarios universitarios.
“Personas extranjeras que, a sabiendas, han participado en acciones que socavan procesos o instituciones democráticas, corrupción significativa u obstrucción de investigaciones sobre dichos actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua”, señaló el Departamento de Estado.
El Departamento de Estado identificó a los funcionarios por estar involucradas en actividades que socavan los procesos democráticos, facilitan la corrupción significativa o bloquean las investigaciones sobre tales actos ilícitos.
Estos son funcionarios de Nicaragua que han sido agregados en la “Lista Engel” y el motivo de su inclusión:
Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Jaime López Lowery, Secretario Técnico del CNU de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a simpatizantes del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Isaías Hernández Sánchez, Director de Planificación y Desarrollo del CNU de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Nivea del Socorro González Rojas, ex miembro de la junta directiva de la CNEA de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Francisco Martín Jácamo Ramírez, ex miembro directivo de la CNEA de Nicaragua, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para reprimir la disidencia tomando el control de la UCA y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias.
Luz Marina Ortiz Narváez, vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega.
Moisés Ignacio Palacios, Secretario General de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político Sandinista FSLN de Ortega.
Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político Sandinista FSLN de Ortega.
Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
María Alejandra Martínez Guadamuz, Secretaria General de la Universidad Politécnica Nacional, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Politécnica Nacional que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Johana Elena Torrez Mendoza, Rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
José Ramón Velásquez Hernández, vicerrector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Juan Carlos Benavides Fuentes, rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
José Elías Álvarez, Secretario General de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza, socavó los procesos o instituciones democráticas participando en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen Ortega-Murillo y reprimir la disidencia usando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Flor de María Pérez Vélez, Rectora de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia usando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Javier Guillermo Hernández Munguía, Vicerrector de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
Claudia Patricia Jovel Castillo, Secretaria General de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana que no participan en actividades políticas para el partido político FSLN de Ortega.
La sección 353
La Sección 353, establece un marco legal para que el Departamento de Estado identifique y sancione a individuos extranjeros que estén involucrados en prácticas corruptas o que participen en actividades que debiliten las instituciones democráticas en países del Triángulo Norte, que incluye a El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
La ley fue diseñada para contrarrestar la corrupción en la región, promover la gobernanza responsable y fortalecer los mecanismos judiciales de rendición de cuentas.
El informe subraya la importancia de erradicar la corrupción que afecta directamente a las instituciones gubernamentales y socava el Estado de derecho. Entre las conductas señaladas, se destacan el soborno, la extorsión, el lavado de dinero y los actos de violencia o intimidación dirigidos a quienes investigan estos crímenes. Además, el informe incluye personas involucradas en la obstrucción de investigaciones contra la corrupción, lo que dificulta los esfuerzos por promover la justicia en la región.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, afirmó en redes sociales que, “cuando las personas no pueden confiar en sus instituciones, buscan oportunidades en otros espacios. El informe de hoy sobre ‘Actores corruptos y antidemocráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua’ saca a la luz las personas que socavan el Estado de derecho y apoya la rendición de cuentas y la transparencia en la región”.