Un reciente informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), titulado ‘Control total: la erradicación de las voces independientes en Nicaragua’, reveló que líderes de diferentes grupos religiosos denunciaron ser objeto de acoso y vigilancia policial constantes, y algunos fueron sometidos a lo que el régimen Ortega-Murillo denominó “medidas cautelares”.
El documento detalla que los religiosos fueron obligados a presentar informes semanales en persona a la policía local y a compartir detalles de sus actividades planeadas, además de tener prohibido salir de su municipio sin autorización de la dictadura.
“En 2024, las violaciones a la libertad de religión o creencias en Nicaragua, continuaron siendo graves y numerosas”, señaló CSW, organización benéfica que promueve la libertad religiosa, y que denuncia que, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, las restricciones hacia los cristianos en Nicaragua se han intensificado, imponiendo medidas severas de control sobre las actividades religiosas tanto de la Iglesia Católica como de las comunidades evangélicas.
Control y vigilancia sobre los líderes religiosos
Uno de los elementos más alarmantes de este control es la obligación que el régimen ha impuesto a los sacerdotes y líderes religiosos de presentarse semanalmente ante la Policía Orteguista.
El informe detalla que al menos diez sacerdotes han sido forzados a enviar fotografías y planes detallados de sus actividades eclesiásticas a la Policía, sin que exista una orden judicial que respalde tales medidas.
De acuerdo con CSW, estas acciones forman parte de una serie de “medidas cautelares” impuestas sin justificación legal alguna.
El informe revela que el 27 de agosto de 2024, agentes encabezados por el capitán Wilber Montenegro Martínez llegaron a la rectoría de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima en Managua, donde interrogaron al padre Luis Eduardo Benavides, quien fue informado de que la Policía lo visitaría todos los martes.
Ante el temor de ser encarcelado, Benavides huyó a Honduras al día siguiente. A esta medida de control le siguieron otros casos similares, donde sacerdotes fueron asignados a oficiales que debían vigilar sus actividades religiosas.
“CSW recibió nueve informes adicionales de sacerdotes católicos romanos sometidos a medidas cautelares. En cada caso, el sacerdote fue detenido e interrogado primero por la policía. Se le asignó un oficial de policía local específico y se le ordenó presentarse ante el oficial semanalmente para que le tomaran una fotografía y presentaran planes para sus actividades semanales. También se les impuso restricciones a su libertad de movimiento, prohibiéndoseles salir de su municipio sin obtener permiso previo de las autoridades. Algunos denunciaron que se les advirtió que, si no acataban las medidas cautelares, serían detenidos o desterrados”, reza el informe.
Persecución a líderes evangélicos y acoso a creyentes
No solo los católicos enfrentan estas restricciones. Los líderes evangélicos también sufren el acoso por parte de la dictadura. En uno de los casos documentados por CSW, un pastor fue abordado por la Policía en Estelí y se le advirtió que debía modificar el tono de sus sermones, alegando que sus discursos no eran “amigables” con el régimen Ortega-Murillo.
También se les ha prohibido tratar ciertos temas, como la justicia social, la unidad o incluso orar por presos políticos.
Además, CSW documentó el caso de un matrimonio de pastores que fue detenido por la Policía, interrogado de manera brutal, e incluso sometido a trato inhumano.
“La Policía Nacional les dijo que su detención era consecuencia de haber orado por Nicaragua y por Israel en sus servicios religiosos. Tras su liberación, su iglesia fue cerrada a la fuerza y se les ha prohibido participar en cualquier actividad de naturaleza religiosa”, apunta el informe.
La represión también se ha extendido a eventos pequeños como una reunión de oración en Managua, donde la Policía no solo controló el acceso a la iglesia, sino que grabó a los asistentes.
Vigilancia permanente y restricciones invasivas
La vigilancia de las actividades religiosas es una constante en el país. CSW denuncia que la dictadura lleva a cabo una vigilancia policial tanto abierta como encubierta de iglesias y congregaciones. Incluso en contextos personales, como la espera fuera de una iglesia o una venta benéfica, los feligreses han sido amenazados con arresto por no cumplir con las órdenes de la Policía.
El régimen también ha implementado restricciones a nivel simbólico. Se ha prohibido el uso de los colores azul y blanco en la decoración de iglesias, así como la mención de presos políticos o la oración por líderes religiosos encarcelados.
La represión en Nicaragua se intensificó a partir de las protestas de 2018, donde la iglesia católica, en particular, jugó un papel clave al apoyar las manifestaciones contra el régimen.
En los últimos años, varios líderes religiosos han sido exiliados, detenidos arbitrariamente, o sometidos a condiciones de prisión inhumanas, sin acceso a biblias ni otros materiales religiosos.
CSW concluye que “el respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la libertad religiosa, siguió deteriorándose drásticamente en 2024”.
“No hubo señales de cambio positivo en Nicaragua durante el año pasado. En cambio, el gobierno ha continuado su campaña para erradicar a la sociedad civil independiente, teniendo como blanco tanto a individuos como a organizaciones religiosas y asociaciones religiosas enteras. El monitoreo intrusivo, la vigilancia y las tácticas de intimidación dirigidas a individuos y grupos, incluidos los grupos religiosos, son ahora la norma. Ahora es una práctica del gobierno reducir el número de presos políticos, incluidos los líderes religiosos, enviándolos fuera del país. De hecho, en muchos casos, parecía que los líderes religiosos podrían haber sido detenidos con el propósito expreso de luego negociar su liberación al exilio forzado”, anotó.
El informe de CSW subraya la grave situación que enfrentan las comunidades religiosas, con 222 casos documentados de violaciones a la libertad religiosa solo en 2024. Además, se registraron numerosas detenciones arbitrarias y el cierre de iglesias protestantes, así como la confiscación de bienes eclesiásticos. La organización también denuncia la ilegalización de cientos de organizaciones religiosas y de la sociedad civil.
CSW hace un llamado al régimen Ortega-Murillo para que libere a los líderes religiosos encarcelados y restablezca la libertad de religión en el país. También solicita la restitución de la ciudadanía a los exiliados y el cese de las restricciones contra las organizaciones religiosas.