El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló el jueves la personería jurídica a otras ocho asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, incluida la Fundación Centro para la Promoción, la Investigación y el Desarrollo Rural y Social (Cipres), que dirigió un antiguo asesor del dictador Ortega.
La disolución de esas asociaciones, con lo que suman más de 5.660 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ilegalizadas desde diciembre de 2018, fue aprobada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial La Gaceta de Nicaragua.
La dictadura argumentó que cerró de forma unilateral unas siete ONG, entre ellas el Cipres -que dirigió Orlando Núñez Soto, por supuestamente obstaculizar el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro y por incumplimientos a las leyes que los regulan, y otra porque solicitó su “disolución voluntaria”.
El Cipres obtuvo su personalidad jurídica el 5 de abril de 1990 por el primer Gobierno sandinista (1979-1990), que encabezó Ortega, y que creó cientos de organismos entre el 25 de febrero de ese año, cuando el líder sandinista perdió las elecciones, y el 25 de abril, cuando entregó el poder a Violeta Barrios de Chamorro.
Entre las ocho ONG canceladas se encuentra también la Asociación Centro Cristiano Siloe, la Asociación Asamblea de Iglesias Pentecostales de Jesucristo, la Asociación de Educadores para la Formación Integral Técnica y Profesional, la Asociación Evangélica Ministerios Unidos Elías, la Fundación Román y Reyes o Fundación Santiago, el Ministerio Evangelístico el Dios de los hechos, y la Asociación Ministerio Interdenominacional Monte de Sion.