El abogado argentino Darío Richarte, líder de una causa presentada ante la justicia argentina contra la dictadura en Nicaragua, anunció nuevas acciones en el marco de la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua durante las protestas de 2018.
Richarte solicitó que se cite a declarar y se ordene la captura internacional de las personas señaladas en el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), quienes aún no habían sido incluidos en la orden de captura contra los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitida anteriormente por la justicia argentina.
Richarte destacó la importancia de que un organismo de la ONU, con todos los recursos a su disposición, finalmente tome medidas concretas en favor de las víctimas de los abusos en Nicaragua.
“En el marco de la investigación sobre Nicaragua en Argentina, hemos solicitado que se cite a prestar declaración y se ordene la captura internacional de las personas señaladas en el informe del GHREN que aún no habían sido incluidas en la orden previa de la justicia argentina. Después de tanto tiempo, por fin vemos que un organismo de la ONU, con todos los recursos que tiene a su disposición, toma medidas concretas en favor de las víctimas de tantas injusticias. Es fundamental resaltarlo, especialmente ante la profunda desilusión que genera en la gente la habitual inacción y lentitud de estos organismos, que no siempre se corresponden con las estructuras y prerrogativas de las que gozan”, escribió Richarte en su cuenta de X.
Este anuncio se produce en el contexto de la publicación, por parte del GHREN, de una lista de 54 responsables de violaciones a los derechos humanos y crímenes en Nicaragua desde 2018, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La denuncia presentada por Richarte, junto a un equipo de la Universidad de Buenos Aires, fue presentada originalmente el 26 de agosto de 2022, y acusaba a Ortega, Murillo y otros miembros del régimen nicaragüense de crímenes de lesa humanidad.
Los cargos incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados. La causa se basa en el principio de jurisdicción universal, que permite a la justicia argentina investigar y procesar crímenes cometidos fuera de su territorio si involucran violaciones graves a los derechos humanos.
En diciembre de 2024, el juez federal argentino Ariel Lijo dictó una histórica resolución en la que ordenó la indagatoria y captura internacional de Ortega, Murillo y otros altos funcionarios de su régimen.
Este fallo ha sido considerado un paso clave en la lucha por justicia para las víctimas de la represión en Nicaragua y una señal de que, aunque de manera tardía, el sistema judicial internacional puede actuar frente a las graves violaciones a los derechos humanos.