El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas actualizó su informe correspondiente al período febrero–abril 2025, confirmando que 52 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua, en el contexto de la crisis sociopolítica que persiste desde 2018.
El informe detalla que entre los 52 detenidos hay 7 mujeres y 45 hombres, de los cuales 15 son adultos mayores. 33 personas ya han sido condenadas, mientras que 19 permanecen detenidas sin sentencia. Además, 14 personas se encuentran en condición de desaparición forzada, bajo custodia del régimen, sin que sus familiares conozcan su paradero ni su estado de salud.
La información fue recabada por el Mecanismo —una plataforma integrada por organizaciones de derechos humanos, redes de activistas, abogados y familiares de personas presas políticas— que subraya que los nombres incluidos cuentan con autorización de sus familias y cumplen con criterios definidos por el grupo para ser consideradas presas políticas.
Durante el período analizado, también se registraron al menos 20 detenciones arbitrarias, de las cuales 7 personas fueron liberadas días o semanas después, mientras que 13 aún no han podido ser localizadas ni verificadas judicialmente, lo que indica un probable subregistro agravado por la represión, el miedo y la autocensura.
El informe denuncia condiciones inhumanas de detención, incluyendo aislamiento prolongado, alimentación deficiente, negación de atención médica y malos tratos físicos y psicológicos.
En algunos casos, las autoridades trasladan a los detenidos sin previo aviso o niegan completamente su existencia, lo que constituye desaparición forzada según estándares internacionales.
La desaparición forzada, tipificada por la ONU como un crimen de lesa humanidad cuando es cometida de forma sistemática, es una de las prácticas más alarmantes documentadas por el Mecanismo.
Las víctimas, además de ser aisladas, son ocultadas deliberadamente, afectando tanto su derecho a la vida como a la integridad física y emocional, y dejando a sus familias en un estado de angustia permanente.
Asimismo, el informe advierte que familiares de personas detenidas también sufren represalias, incluyendo restricciones en las visitas, amenazas y obstaculización del ingreso de paquetería básica.
El Mecanismo concluye haciendo un llamado urgente a la comunidad internacional para que mantenga su vigilancia sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua, exija el cumplimiento de los tratados internacionales y promueva medidas de protección y liberación inmediata para las personas detenidas por razones políticas.