La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) solicitó este martes al presidente Donald Trump, la “protección urgente” de miles de exiliados nicaragüenses que se encuentran en Estados Unidos bajo el estatus de parole humanitario y otras vías legales.
La organización opositora hizo eco de los esfuerzos impulsados por la congresista republicana María Elvira Salazar para frenar las deportaciones derivadas de las recientes políticas migratorias.
En una declaración, la CDN subrayó que “Estados Unidos es una nación comprometida con los derechos humanos y un bastión de esperanza para quienes huyen de la persecución y la violencia”, recordando que Nicaragua vive una dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La organización opositora señaló que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha documentado crímenes de lesa humanidad, torturas sistemáticas, persecución política y represión extrema contra disidentes, hechos que también han sido reconocidos por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos.
La CDN solicitó al Departamento de Estado que, en coordinación con el Congreso, explore mecanismos de protección como la Salida Forzosa Diferida (DED), una figura que podría evitar que los exiliados sean deportados a un país donde su vida y su libertad corren grave riesgo.
“Ante el grave peligro que enfrentan los nicaragüenses expuestos a la deportación, la CDN solicita respetuosamente al Departamento de Estado explorar opciones que aseguren la protección de estos exiliados, incluyendo la Salida Forzosa Diferida (DED), como lo ha propuesto la congresista de la Florida, María Elvira Salazar”, reza el comunicado.
La organización enfatizó que una suspensión temporal de las deportaciones “aliviaría el sufrimiento de muchos nicaragüenses que desean regresar a su país, pero deben esperar a que se instaure la democracia y exista un Estado de derecho que les permitan un regreso seguro”.
El llamado ocurre en un contexto de creciente preocupación entre la diáspora nicaragüense, ante la posibilidad de ser retornados a un país donde podrían ser perseguidos por razones políticas y de seguridad.