La directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), Elvira Cuadra, advirtió este jueves que el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, sumado a la falta de condiciones en Nicaragua, está provocando una crisis de múltiples dimensiones para los migrantes nicaragüenses, sus familias y sus comunidades.
“La migración se había convertido en una válvula de escape para los graves problemas de la región y era una puerta de oportunidades para los centroamericanos que migraban a Estados Unidos de diferente manera”, dijo Cuadra en una reciente con La Mesa Redonda. “Pero eso hizo que la región se convirtiera en una especie de embudo, porque no todas esas miles de personas lograban efectivamente a entrar a Estados Unidos”, añadió.
La situación de los nicaragüenses deportados es particularmente grave. Según cifras oficiales del Departamento de Estado, al menos 2.181 nicaragüenses han sido deportados entre enero y junio de 2025, muchos de ellos en vuelos militares, como el C-17 de la Fuerza Aérea estadounidense que llegó recientemente a Managua con 45 personas a bordo.
Cuadra subrayó que quienes retornan —ya sea de forma forzada o voluntaria— se enfrentan a un panorama desolador.
“No hay capacidades institucionales para recibirlos y facilitar su reinserción. Ya conocemos la situación de desigualdad, de pobreza, de violencia, inseguridad que hay, prácticamente en todos los países y la falta de oportunidades económicas”, lamentó.
Cuadra mencionó que muchos vuelven con lo poco que lograron ahorrar y lo pierden casi de inmediato. Se enfrentan al control político, a la extorsión, a la inseguridad jurídica.
“En el caso específico de Nicaragua, esa gente regresa a una casa, a un lugar, a una familia y tiene que buscar qué hacer para sobrevivir y para seguir ayudando a su a su familia, a su gente. Muchos de ellos, sobre todo los deportados, es probable que tengan pérdidas significativas porque cualquier bien o de recurso material que hubiesen podido adquirir en Estados Unidos, pues con una deportación prácticamente que lo pierden”, indicó.
“Nicaragua no está preparada para recibir y reinsertar. En términos económicos y sociales estas personas están retornando con la inseguridad jurídica que hay en Nicaragua”, agregó.
A esta situación se suma el impacto de las recientes medidas fiscales adoptadas por el Congreso estadounidense, que impuso un impuesto del 1% a las remesas.
Cuadra advirtió que este tipo de cargas afecta directamente la capacidad de subsistencia de miles de familias en Nicaragua, quienes dependen en gran medida del dinero enviado por sus parientes en el extranjero.
“Hay mucha preocupación por eso, sobre todo por la eh por la precariedad de los eh de los trabajos y de las actividades de sobrevivencia”, mencionó.