Este 5 de julio de 2025 marcó el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de ciudadanos nicaragüenses y hondureños que viven en Estados Unidos. El programa, que por más de dos décadas les permitió residir y trabajar legalmente en el país, expiró sin que se anunciara oficialmente una renovación o nueva designación por parte del gobierno estadounidense.
La incertidumbre reina entre los beneficiarios, que desde el pasado sábado cuentan con un periodo de gracia de 60 días para regularizar su estatus o enfrentar posibles consecuencias migratorias, incluyendo la deportación.
Según confirmó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la extensión del TPS para hondureños, vigente desde el 6 de enero de 2024, y para nicaragüenses, desde el 6 de noviembre de 2023, culminó este 5 de julio.
Ambas prórrogas se derivaron de una decisión previa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que en 2023 revocó la cancelación iniciada durante la administración Trump.
Un beneficio que transformó vidas
El TPS fue concedido a Nicaragua y Honduras tras el paso del huracán Mitch en 1998, un desastre que dejó miles de muertos y causó estragos económicos y sociales en Centroamérica.
Desde entonces, el programa ha permitido que decenas de miles de personas construyan una vida en Estados Unidos, aportando al desarrollo económico, formando familias y alejándose de contextos de violencia e inestabilidad política.
Muchos beneficiarios han residido en Estados Unidos por más de 20 años y tienen hijos nacidos en territorio estadounidense. Para ellos, el fin del TPS significa no solo la posibilidad de perder su estatus legal, sino la amenaza real de una separación familiar y la interrupción abrupta de un proyecto de vida construido durante décadas.
En el caso de Nicaragua, la situación se agrava debido a la crisis sociopolítica que vive el país bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que ha provocado un éxodo masivo y constantes violaciones a los derechos humanos.
Aunque la situación en Honduras es distinta, con desafíos políticos y sociales propios, no ha sido percibida por las autoridades estadounidenses con la misma urgencia. Esta diferencia de enfoques ha generado frustración entre los beneficiarios, que señalan la falta de voluntad política para impulsar una solución permanente.
De acuerdo con datos del USCIS, hasta marzo de 2024, más de 237,000 personas de Honduras, Nicaragua y El Salvador estaban protegidas bajo el TPS. No obstante, desde hace más de dos décadas, no se han otorgado nuevas designaciones que beneficien a quienes, pese a residir en Estados Unidos por años, nunca lograron calificar.