La defensora de derechos humanos nicaragüense Haydée Castillo cuestionó duramente la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos de suspender el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua, calificando como peligrosa la narrativa oficial que “blanquea a una dictadura” y desconoce la verdadera magnitud de la crisis humanitaria y política que vive el país.
En entrevista con La Mesa Redonda, Castillo aseguró que si bien es legítimo que EE.UU. revise periódicamente las condiciones que dieron origen al TPS, como lo hizo tras el huracán Mitch en 1999, resulta incoherente que hoy se afirme que en Nicaragua ya no existe una “disrupción sustancial” de las condiciones de vida.
“Hay una incoherencia con lo que se plantea en los argumentos para la suspensión del TPS”, declaró.
“Nosotros tuvimos en el 99 el huracán Mitch, pero en este momento tenemos una continuidad del huracán Mitch en grandes y mayores proporciones y como acostumbran a ponerle nombre, yo diría el huracán Daniel Ortega y Rosario Murillo”, afirmó Castillo.
El régimen y sus estadísticas falsas
La activista señaló que los indicadores utilizados por el DHS para justificar la cancelación del TPS, como “crecimiento turístico y estabilidad económica”, provienen de fuentes controladas por la dictadura, sin verificación independiente.
“En Nicaragua no hay libertad de prensa, no hay periodismo de investigación que pueda constatar si esos datos son reales o no son reales. Yo creo que estamos ante una situación en que, hay una Nicaragua que vende la dictadura, que no tiene ninguna supervisión de nadie”, afirmó.
Castillo citó cifras preocupantes: el 78% de la población económicamente activa no tiene seguridad social; 1.4 millones de nicaragüenses padecen hambre, según la FAO; el 15% de los niños sufre retraso en el crecimiento; y el país tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en América Latina.
Además, destacó un aumento alarmante en los suicidios: 426 muertes en 2022 y 198 en 2023, lo que refleja una grave crisis emocional.
Expulsión y persecución en Nicaragua
Castillo recordó que más de 2.000 funcionarios del régimen Ortega-Murillo han sido sancionados por Estados Unidos, que incluso ha declarado que Nicaragua representa una “amenaza para su seguridad nacional y regional”.
“El secretario Marco Rubio dijo claramente, que tanto Venezuela, Nicaragua y Cuba eran enemigos de la humanidad por la manera en que están desgobernando en este momento. Entonces ¿cómo podemos decir que ya no hay una disrupción sustancial de las condiciones de vida en Nicaragua?”, preguntó.
Señaló que hay una doble narrativa: la que promueve el régimen, con informes mensuales enviados a embajadas, y la realidad documentada por organismos como la ONU, la CIDH y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos, que señalan la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
“Hay un huracán Ortega-Murillo que vende a través de estadísticas, a través de retórica, hacen unos informes mensuales que los mandan a cada embajada y a cada cancillería, donde el huracán Ortega-Murillo invalida y además normaliza la violencia en Nicaragua. Entonces, estamos aquí contrapuestos”, aseveró.
“Está la Nicaragua de Ortega, y está la Nicaragua de nosotros, de todos los nicaragüenses y las nicaragüenses”, añadió.
El papel de la diáspora y las remesas
La defensora enfatizó el impacto que la cancelación del TPS tendría sobre las familias nicaragüenses, muchas de las cuales dependen de las remesas enviadas desde EE.UU., las cuales representan el 26% del PIB nacional.
“La gran pregunta es, ¿de esos 4.000 ciudadanos, ¿cuántos apoyaron la rebelión de abril y llegando a Nicaragua van a ir presos?”, cuestionó Castillo, pues afirmó que “la diáspora ha jugado un papel determinante” en la lucha contra la dictadura Ortega-Murillo.
“Me pongo en los zapatos de todas estas familias nicaragüenses, pero que además dependen de las remesas que se envían desde aquí, constituyen el 26% del Producto Interno Bruto de Nicaragua. Entonces, aquí hay un juego tremendo entre el huracán Ortega-Murillo, que está vendiendo unas estadísticas que son mentirosas y no creíbles”, reiteró.
El “huracán Ortega-Murillo” sigue activo y violento
Haydée Castillo concluyó su intervención con un llamado a redoblar la resistencia cívica y pacífica dentro y fuera del país, y a articular un poder alternativo al régimen.
“Aquí estamos ante dos lecturas. Una lectura que justifica la suspensión del TPS a partir de lo que el régimen quiere contar, cómo normaliza la violencia y la guerra que tiene en contra del pueblo de Nicaragua”, mencionó.
“Nadie hará por nosotros lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nosotros mismos. Y significa que hay que redoblar, resignificar la resistencia cívica y pacífica que no implica parálisis. Necesitamos con urgencia –como lo pide el pueblo de Nicaragua y lo hemos planteado nosotros desde el Espacio de Diálogo– articular ese poder alternativo al huracán Ortega Murillo”, concluyó Castillo.