A juicio del economista Edmundo Jarquín, las cuatro empresas que fueron creadas ayer por la aplanadora orteguista de la Asamblea Nacional por orden del dictador Daniel Ortega, pone en riesgo de “contagio” a otras empresas y a Nicaragua, en referencia a que estas harán el trabajo de Alba de Nicaragua (Albanisa), Empresa Nicaragüense de Petróleo (Petronic), y la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP), reconocidas como la principal fuente de ingresos de Ortega y que fueron sancionadas por el gobierno de Estados Unidos.
Jarquín tuiteó este miércoles que la Empresa Nicaragüense del Gas (Enigas), Empresa Nicaragüense de Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos (Eniplanh), Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarbusos (ENIH) y la Empresa nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos (Enicom), “con rango ministerial por dictador Ortega”, fueron creadas para “intentar evadir sanciones” de Estados Unidos.
“Poco le importa a Ortega Nicaragua y los pobres y desempleados”, apostilló el economista.
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Estas cuatro empresas fueron creadas ayer “con trámite de urgencia” para administrar la importación, distribución y comercio de petróleo, luego que el gobierno estadounidense aplicara sanciones económicas contra el entonces directivo de Petronic, DNP y Albanisa (filial de Petróleos de Venezuela S.A., Pdvsa), Francisco López, quien es asesor de Ortega y tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Además, en 2019 las sanciones se extendieron de forma directa a la DNP, la administradora de gasolineras propiedad del hijo de Ortega y de Rosario Murillo, Rafael Ortega Murillo.
Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se opusieron a la creación de las empresas, por considerar que es una estrategia de Ortega para recuperar el negocio de los combustibles.
La creación de estas empresas busca “evadir las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en caso de que los vuelvan a sancionar”, dijo el diputado del PLC, Jimmy Blandón.
“Es un modo de aliviar las planillas del Gobierno, con empresas estatales que pueden hacer ingresos para mantenerse”, afirmó la diputada del PLC, Azucena Castillo.