Las sanciones que la comunidad internacional a aplicado a los funcionarios y empresas del régimen de Daniel Ortega no afectan a los nicaragüenses ni al país, aclaró el experto en temas de seguridad, Roberto Cajina en entrevista con La Mesa Redonda.
Recientemente el dictador se ha aprovechado de la pandemia del coronavirus para pedir que Estados Unidos y Canadá suspendan las sanciones a las que él y su mujer Rosario Murillo llaman “agresiones”.
Cabe aclarar que Nicaragua como país no ha recibido ninguna sanción, sino que son 18 los funcionarios orteguistas y algunas instituciones y empresas familiares vinculadas al régimen las que han sido designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por el gobierno de Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, por ser violadores de derechos humanos y estar involucrados en actos de corrupción y lavado de dinero. Entre los sancionados están Rosario Murillo y dos de sus hijos: Laureano y Rafael Ortega Murillo.
Estas son las ocasiones más recientes que Ortega ha clamado por que le quiten sanciones a su familia y a sus funcionarios argumentando que “sería la mejor señal que recibiría” para “seguir enfrentando” la pandemia del COVID-19.
El 4 de mayo, el dictador aprovechó la cumbre virtual del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) para pedir que Estados Unidos suspenda las sanciones.
“Que se suspendan esas agresiones que llaman sanciones, que se respeten los principios de Naciones Unidas y eso sería más que suficiente para que el mundo empezara a cambiar y estaríamos en mejores condiciones para asumir los retos que tiene la Humanidad, para alcanzar la paz y la justicia para los pueblos del planeta”, declaró en la reunión.
Ortega afirmó que padece la “pandemia del hambre”, producto del “capitalismo salvaje” de Estados Unidos a quien acusó de “terrorista”.
“Los más grandes terroristas del mundo son los Estados unidos con sus políticas, de agresiones militares, económicas. Lo que llaman sanciones que no son más agresiones”, expresó Ortega.
El 30 de abril, Ortega en su segunda reaparición también clamó para que se suspendan las sanciones impuestas por “las grandes potencias” Estados Unidos y Canadá.
“Lo ideal sería que se asumiera un rol de suspender todas las agresiones (sanciones), ojalá y reflexionen y lo hagan porque sería la mejor señal que recibiría el mundo para seguir enfrentando esta pandemia”, expresó.
El 27 de marzo, el dictador se unió a otros siete regímenes del mundo para solicitarle al secretario general de la ONU que gestione el “fin inmediato y total” de las sanciones aplicadas por de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, argumentando que es para poder “enfrentar la pandemia del coronavirus”.
Para el régimen de Ortega, estas son “medidas ilegales y coercitivas de presión económica”, y que tiene “la voluntad política y moral” de prepararse para la lucha contra la pandemia, pero señaló que “esta acción es difícil —si no imposible”— debido a las sanciones.
En la carta enviada a la ONU, se agrega que los planes para combatir el COVID-19 se ven obstruidos por “las consecuencias destructivas” de las sanciones a nivel nacional, “además de sus implicaciones extraterritoriales, junto con los fenómenos del excesivo cumplimiento y el temor a ‘sanciones secundarias’”.
El 4 de mayo, Juan Carlos Ortega Murillo hijo de los dictadores se refirió a las recientes sanciones que la Unión Europea aplicó contra seis funcionarios orteguistas, llamando “carroñas” a los europeos; un día después Reino Unido también se sumó a estas.
Según él, las sanciones “afectan a todo el pueblo nicaragüense”, sin embargo las medidas solo afectan a los individuos designados, no al país, ni a los nicaragüenses.
Pese a que la dictadura asegura que el pueblo es el afectado con las sanciones, la realidad es otra: “no afectan en nada al pueblo”, afirmó Cajina.
El experto explicó que las sanciones están diseñadas para afectar solamente a los funcionarios orteguistas, esto significa que no pueden viajar a los países que las aplicaron y que los bienes o activos que puedan llegar a tener en esos territorios quedan congelados.
Además, se prohíbe a los ciudadanos de estas naciones a hacer negocios con las personas y entidades sancionadas.
“Es falso que afecten al pueblo de Nicaragua, son sanciones individuales”, apostilló. “Los europeos han sido cuidadosos en ese sentido en evitar que las sanciones que puedan afectar al pueblo de Nicaragua, en eso están claros los europeos”, agregó.
Para Cajina las sanciones son responsabilidad directa de los propios sancionados por los delitos que han cometido, “crímenes de lesa humanidad, las torturas, la brutalidad en el caso del barrio Carlos Marx donde murieron incluso dos bebés, el asesinato de Alvarito (Conrado), y de más de 328 según la CIDH, y más de 600 según los organismos de derechos humanos en Nicaragua”, comentó.
“Tratan de encubrirse y no aceptar su culpabilidad, y responsabilizan a otros y hacen creer al pueblo de Nicaragua –que no les cree—que esas sanciones afectan al pueblo”, añadió.
El hecho que la Unión Europea, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá hayan sancionado en momentos diferentes al régimen Ortega-Murillo y en medio de la pandemia significa para Cajina que, la crisis que vive Nicaragua no van a desaparecer en la mira de la agenda internacional, puesto que aún existen presos políticos, y no se ha cumplido con los acuerdos firmados en marzo de 2019 que tiene que ver con el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, que lleven a eventualmente a unas elecciones adelantas, justas y transparentes.
Otra aclaración que hizo Cajina es que las sanciones no afectan las ayudas humanitarias que la comunidad internacional pudiera otorgar a Nicaragua en el marco del brote del COVID-19; pero el país no ha recibido nada por culpa de “la conducta errática, perversa, criminal de manejar de acuerdo a intereses políticos el tema la pandemia”, subrayó el experto.
A esto se suma que hasta la fecha el dictador a minimizado la pandemia y no ha declarado una alerta nacional o cuarentena; por el contrario, se niega a cerrar fronteras, a suspender las clases y continúa convocando a actividades masivas.
Venció el plazo que la OFAC dio a la Policía
El miércoles 6 de mayo se venció el plazo que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) dio a la Policía Orteguista para liquidar las transacciones que involucran a la institución con los bancos, incluido el procesamiento de pagos salariales a sus empleados.
Estados Unidos sancionó a la Policía por “ser responsable o cómplice, o haber participado directa o indirectamente en graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua”, y por ser “responsable del uso de munición real contra manifestantes pacíficos y de participar en escuadrones de la muerte, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”, según el documento del Departamento del Tesoro publicado, el 5 de marzo.
“El periodo de gracia tiene para mí una doble dimensión. En primer lugar, darle oportunidad a los bancos nicaragüenses a arreglar su relación con la Policía, a cerrar las cuentas de la Policía, a no recibir los pagos de multas, y otros servicios policiales. Ese periodo de gracia les permite a los bancos acomodarse a una nueva forma de no relación con la Policía. También, como un efecto colateral le dejó un margen a la Policía para tratar de arreglar su situación interna”, estimó Cajina.
Juzgó que el periodo que la OFAC concedió a la Policía también tendría que ver con que los 5 de cada mes se les paga su salario a los policías, “es decir que ayer todavía pudo haber policías que se pagaron con sus tarjetas de débito en los bancos”, anotó.
Cajina asimila que a partir de ahora la Policía va tener que buscar “rutas alternas”, por ejemplo “podría pagarles a los policías con cheque fiscal, eso significa que el Ministerio de Hacienda va a tener que emitir más de 17 mil cheques. Otra opción sería el pago en efectivo, es algo complicado porque significa poner a los ratones a cuidar el queso”, manifestó.
Advirtió que si los bancos siguen aceptando dinero directamente para la Policía “se ponen en la mira de las sanciones de la OFAC”.
Estos son los funcionarios orteguistas que han sido sancionados:
1. Roberto Rivas: expresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), fue sancionado por fraude y corrupción por Estados Unidos.
2. Francisco Díaz: consuegro de Ortega y director de la Policía, sancionado por Estados Unidos, Canadá, la UE y Reino Unido, por participar en graves abusos de los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua.
3. Francisco “Chico” López: expresidente de Petronic y tesorero del FSLN, sancionado por corrupción por Estados Unidos.
4. Fidel Moreno: secretario de la Alcaldía de Managua, sancionado por Estados Unidos y Canadá por dirigir actos de violencia en contra de los manifestantes.
5. Rosario Murillo: vicedictadora y mujer de Ortega, sancionada por Estados Unidos y Canadá por su responsabilidad y complicidad con los “serios” abusos de los derechos humanos en Nicaragua.
6. Néstor Moncada Lau: asesor en seguridad de Ortega, sancionado por Estados Unidos, Canadá, la UE y Reino Unido, por cometer actos de corrupción en nombre de Ortega y Murillo y por trabajar con Ortega “para encubrir la conducta sexual con un menor”, detalló el Departamento del Tesoro.
7. Gustavo Porras: presidente de la Asamblea Nacional, sancionado por Estados Unidos y Canadá por ser el operador político más importante de Ortega.
8. Sonia Castro: exministra de Salud, sancionada por Estados Unidos, Canadá, la UE y Reino Unido, por ordenar que en los hospitales públicos no se atendiera a los ciudadanos heridos en las protestas.
9. Óscar Mojica: exmilitar y titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), sancionado por Estados Unidos y Canadá por promover la estrategia de exilio, cárcel o muerte para silenciar a la oposición.
10. Orlando Castillo: director del Telcor, sancionado por Estados Unidos y Canadá por usar su autoridad para censurar a los medios de comunicación.
11. Lumberto Campbell: presidente del Consejo Supremo Electoral (CSJ), sancionado por Estados Unidos por ser responsable de manipular las elecciones a favor de Daniel Ortega.
12. Ramón Avellán: subdirector de la Policía Orteguista, sancionado por Estados Unidos, la UE y Reino Unido, acusado de al menos 107 asesinatos en la llamada “Operación Limpieza”.
13. Roberto López: presidente del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), sancionado por Estados Unidos por dirigir una entidad que ha realizado transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción.
14. Laureano Ortega Murillo: hijo de los dictadores y encargado de ProNicaragua, sancionado por Estados Unidos y Canadá por involucrarse en redes de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal del régimen orteguista.
15. Rafael Ortega Murillo: hijo de Rosario Murillo y adoptado por Daniel Ortega, y administrador de Albanisa y DNP Petronic. Sancionado por Estados Unidos por lavado de activos y corrupción.
16. Luis Alberto Pérez Olivas: jefe de “El Chipote”, sancionado por Estados Unidos, la UE y Reino Unido por participar en graves actos de abusos de derechos en Nicaragua, incluida la tortura, el uso extensivo de la fuerza, el maltrato de los detenidos y otras formas de trato degradante.
17. Justo Pastor Urbina: jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), sancionado por Estados Unidos, la UE y Reino Unido por participar directamente en la aplicación de políticas represivas contra los manifestantes y la oposición en Nicaragua, y comandar a los antimotines que desempeñan “un papel central en la represión en todo el país”.
18. Juan Antonio Valle Valle: jefe del departamento de Vigilancia y Patrullaje de la Policía Orteguista, sancionado por Estados Unidos por cometer actos de violencia, abuso de los derechos humanos y dirigir el patrullaje de policías, quienes han restringido sistemáticamente la libertad de movimiento y expresión de los nicaragüenses que viven en Managua.
Empresas sancionadas
Las empresas sancionadas por Estados Unidos son Albanisa, subsidiaria de Petróleos de Venezuela S.A., (Pdvsa). Bancorp por sus papeles en la corrupción y el lavado de dinero para beneficio personal del régimen. DNP Petronic, El Goliat e Inversiones Zanzíbar, ocupadas para lavar dinero.