Una delegación de diversas organizaciones de sociedad civil nicaragüense denunció al régimen de Daniel Ortega por violaciones de Derechos Humanos en la sesión evaluativa 136 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos realizada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra.
En el encuentro del 18 de octubre participaron de forma presencial integrantes de Urnas Abiertas, Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) en representación de un consorcio de organizaciones que trabajan dentro y fuera del país, Asociación de Madres de Abril (AMA), el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unidad Estudiantil y Juvenil, mientras que de forma virtual participaron la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, Unidad de Registro, entre otras.
Esta reunión contribuye a la revisión del cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en Inglés) por parte del Estado de Nicaragua respecto a Lista de Cuestiones acordadas: marco constitucional y jurídico de la aplicación del Pacto (arts. 1 y 2), condiciones de personas privadas de libertad (arts. 6, 7 y 10), derechos de los pueblos indígenas y otras minorías (arts. 2, 26 y 27), corrupción (arts.14 y 25), participación en asuntos públicos (art. 25), entre otros.
Régimen sigue sin colaborar con los mecanismos internacionales
El régimen de Daniel Ortega no se presentó a la revisión con el Comité de Derechos Humanos en Ginebra, denunciaron las organizaciones de sociedad civil nicaragüense que participaron.
“El régimen de Nicaragua no contestó la Lista de Cuestiones (LOI por sus siglas en inglés) y no actualizó el informe presentado en 2019 a este Comité, lo que evidencia la ausencia de voluntad de colaborar con el órgano de tratado de Naciones Unidas. Además, el Estado de Nicaragua no se presentó a la revisión prevista para este 19 de octubre”, indicaron.
Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos, a pesar de la ausencia del Estado de Nicaragua, hizo referencia a las cuestiones que esperaba que el régimen de Ortega contestara, tal como en independencia judicial, las violaciones de Derechos Humanos a pueblos indígenas y afrodescendientes, situación de personas trans, violencia contra las mujeres, tratos inhumanos, degradantes y tortura a personas presas políticas, violencia sexual, ausencia de condiciones en las elecciones generales y municipales, entre otras.
Hasta la fecha se contabilizan más de 219 personas detenidas por razones políticas, varias de ellas condenadas a penas de prisión de entre 8 y 27 años, quienes están siendo objeto de tratos crueles y tortura en las celdas del país.
Las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado entre 2021 y 2022, solo en este año el régimen de Daniel Ortega ha clausurado al menos 23 estaciones de radio y televisión. Los ataques a la libertad de prensa han provocado que al menos 137 periodistas se hayan exiliado desde 2018.
“Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Hasta la fecha se ha cancelado la personalidad jurídica de más de 2,475 organizaciones de la sociedad civil vinculadas a defensa de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres, entidades religiosas y otras”, detallaron las organizaciones.
Asimismo, señalaron que las elecciones de 2021 y 2022 han sido lideradas por un Consejo Supremo Electoral (CSE) conformado por magistrados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “La autoridad electoral no garantiza independencia, imparcialidad y transparencia requerida por los principios democráticos, por el contrario, sus acciones limitan el sufragio universal, igual, directo, libre y secreto al que tienen derecho las y los nicaragüenses. En 2021, se eliminaron arbitraria e ilegalmente 3 partidos políticos opositores y en 2022, se tomaron ilegal e inconstitucionalmente 5 alcaldías opositoras”, anotaron.
“Estos datos se suman a la política de terror y persecución ejecutada por el Estado de Nicaragua contra las personas opositoras, que entre otras cosas incluye: hostigamiento policial, expulsiones, despidos, desapariciones, cancelaciones y ocupaciones de organizaciones, confiscaciones de medios de comunicación, violencia sexual, negación del derecho a la salud y la supresión absoluta de las libertades fundamentales de opinión, expresión, organización y asociación. Todo esto operado por una amplia red de complicidad formada por policías, militares, civiles, paramilitares y funcionarios públicos”, finalizaron las organizaciones.