El miércoles 9 de agosto el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de la Universidad Centroamericana (UCA) y de algunos de sus más altos directivos; y un día después se supo que también ordenó al Registro Público “inmovilizar” los bienes inmuebles de este centro de estudios.
La UCA ha informado a sus estudiantes que “por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad” no están recibiendo pagos correspondientes a aranceles o servicios de ninguna de las instancias de la universidad. Y que “está realizando gestiones para superar contratiempos que afectan su funcionamiento”.
Las medidas represivas contra la UCA, según expertos buscan “cerrar de facto” el alma mater, pues Ortega y Murillo no se atreven a cancelar a la UCA a como lo han hecho con casi una treintena de universidades privadas en el país.
La Mesa Redonda conversó sobre la situación de la UCA con los catedráticos Ernesto Medina, ex rector de la Universidad Americana (UAM); Adrián Meza, rector de la Universidad Paulo Freire (UPF); y los jóvenes Marco Aurelio Peña, miembro de Iniciativa Puentes los Estudiantes de Nicaragua (IPEN) y Jhoswel Martínez de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU).
Para Medina “el cierre de la UCA sería catastrófico para la educación superior nicaragüense”, por ello llamó a todo el pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional a “no permitir que la UCA cierre”.
“Yo siempre he considerado a la UCA como el modelo a seguir en la búsqueda de un tipo de universidad que se adecue a la realidad nicaragüense”, comentó Medina quien calificó el centro de estudios como “una universidad de verdad”.
El catedrático instó a denunciar ante la comunidad internacional lo que está ocurriendo en Nicaragua. “La tarea fundamental es no permitir que la UCA cierre, este acto de cobardía de Daniel Ortega y Rosario Murillo de no atreverse a decir ‘cerramos la universidad’, no tienen el coraje para decir eso y están esperando que la UCA se asfixie y cierre”.
A juicio de Peña, quien estudió en la UCA, esta está siendo “amenazada por los enemigos de la educación” y comentó que el cierre del centro de estudios sería “un impacto negativo profundo, porque todo indica que ahora la dictadura pretende envestir la Universidad Centroamericana como ha envestido a otras universidades privadas”.
Destacó que la UCA “aporta muchísimo a la calidad de la educación superior nicaragüense, que de por sí tiene un gran rezago en comparación con otros países latinoamericanos, pero lo que aporta la UCA es sumamente relevante. Habría una enorme pérdida, una caída de la calidad educativa”.
Por su parte, Martínez sostuvo que se trata de un “cierre fáctico”, pues el congelamiento de cuentas e inmovilización pretende que la UCA cierre por decisión propia.
“Aquí se está violentando el derecho a la libertad de decidir dónde estudiar, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad privada, no hay motivo para congelar la propiedad privada de una institución religiosa como lo es la UCA”, expresó. “Están utilizando la misma estrategia de asfixiarlos… es un cierre fáctico”, añadió.
ABOGADOS GRADUADOS EN LA UCA BUSCAN ACCIONES DE APOYO
El Dr. Adrián Meza, también graduado de la UCA, anunció que él y un grupo de abogados que estudiaron en esta casa de estudios están preparando acciones jurídicas frente a los ataques del régimen a esta universidad.
“Un equipo de abogados se han dedicado a realizar un examen jurídico preliminar de los escenarios y estamos perfilando acciones específicas frente a este espectáculo del régimen. No vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a todo lo que viene ocurriendo en el país”, declaró.
Meza detalló que acudirán al Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). “El CSUCA no puede continuar con los brazos cruzados frente a la violación absoluta de sus principios, de sus programas de trabajo, sus paradigmas de actividad. No puede cerrar los ojos y decir ‘aquí no está pasando absolutamente nada’, y ese escenario es un escenario legal que estamos estudiando para accionar”, dijo.
Otra opción es la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior creada en el año 2003 en Argentina, “al cual irónicamente pertenece Nicaragua su órganos de acreditación. Pero además, Ramona Rodríguez (titular del CNU) aparece en las páginas de RIACE como miembro”.
“En ese escenario puede impulsarse una causa contra la membresía y la conducta de este organismo en el marco de lo que establece el artículo 9 de los estatutos de RIACE para revisar el marco de responsabilidades que el CNEA y el CNU tienen en toda esta escalada de agresión contra la Autonomía (universitaria), de agresión contra la educación y de agresión contra la calidad (educativa)”, añadió.
Meza coincidió con Martínez de que no cree que el régimen “emita un decreto cerrando la UCA, de hecho la está cerrando de facto, cancelando toda la posibilidad de la operatividad financiera” de la UCA.