Myanmar se enfrenta a un riesgo “sin precedentes” de una guerra civil, afirmó ante el Consejo de Seguridad de la ONU este miércoles la emisaria del organismo internacional ante ese país, Christine Schraner Burgener, quien instó al órgano a utilizar “todos los medios” para evitar una “catástrofe” y un “baño de sangre”.
“Esto puede suceder frente a nuestros ojos y un fracaso para evitar una nueva escalada en las atrocidades costará al mundo mucho más a largo plazo” que una acción inmediata, declaró Schraner Burgener durante una reunión a puertas cerradas del Consejo de Seguridad, según un discurso obtenido por la agencia AFP.
También dijo que seguía abierta al diálogo con la junta militar, pero añadió: “Si sólo esperamos a que estén dispuestos a hablar, la situación sobre el terreno sólo empeorará. Un baño de sangre es inminente”.
La junta militar de Myanmar anunció este miércoles que ya está aplicando un alto el fuego unilateral de un mes, pero hizo una excepción para las acciones que perturben las operaciones administrativas y de seguridad del gobierno, una clara referencia al movimiento de masas que ha realizado protestas diarias en todo el país contra su toma de poder en febrero.
El anuncio se produjo tras una oleada de combates con al menos dos de las organizaciones guerrilleras de las minorías étnicas que mantienen una fuerte presencia en sus respectivas zonas fronterizas. Más de una docena de estos grupos llevan décadas buscando una mayor autonomía respecto al gobierno central, a veces mediante la lucha armada. Incluso en tiempos de paz, las relaciones han sido tensas y los altos el fuego, frágiles.
“La crueldad de los militares es demasiado severa y muchos (combatientes étnicos armados) están adoptando claras posturas de oposición, aumentando la posibilidad de una guerra civil a una escala sin precedentes”, dijo Burgener. “No evitar una mayor escalada de atrocidades costará al mundo mucho más a largo plazo que invertir ahora en la prevención, especialmente por parte de los vecinos de Myanmar y de la región en general”.
El movimiento contra el golpe de Estado del 1 de febrero, que destituyó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi, se centra en la desobediencia civil y pide a los empleados de los sectores público y privado que dejen de trabajar para apoyar la maquinaria del gobierno. La organización ha buscado una alianza con los grupos armados de las minorías étnicas para aumentar la presión sobre la junta, y quiere que formen lo que llaman un ejército federal como contrapeso a las fuerzas armadas del gobierno.
Los manifestantes, en su mayoría pacíficos, se han enfrentado en las ciudades y pueblos de Myanmar a policías y soldados armados con armas de guerra que han utilizado libremente.
Al menos 536 manifestantes y transeúntes han muerto desde el golpe, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos de Myanmar, que cuenta los que puede documentar y dice que el número real es probablemente mucho mayor.
Las fuerzas de las minorías étnicas no reaccionaron inmediatamente al anuncio del alto el fuego. Varios de los principales grupos -como los kachin en el norte, los karen en el este y el Ejército de Arakan de los rakhines en el oeste de Myanmar- han denunciado públicamente el golpe y han dicho que defenderán a los manifestantes en el territorio que controlan.
*Con información de AFP y AP