Ezequiel Molina
El resumen del documento (traducción libre), emitido por una oficina ejecutiva del gobierno de Estados Unidos es claro y directo: “El Representante Comercial de Estados Unidos ha determinado que Nicaragua, sus actos, políticas y prácticas relacionadas con los derechos laborales, derechos humanos, libertades fundamentales y Estado de derecho son irrazonables y afectan o restringen el comercio de Estados Unidos. Por ello propone un conjunto de acciones, incluyendo, pero no limitadas a, la suspensión, retiro o prevención en la aplicación de beneficios del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centro América-Estados Unidos a Nicaragua, así como obligaciones adicionales de hasta el 100 por ciento para algunos o todos los productos de Nicaragua. Se espera recibir comentarios públicos sobre las acciones propuestas”.
Y como es de esperarse, el documento en mención ha agitado el debate entre analistas, políticos y diversas organizaciones. Existe consenso sobre el efecto económico devastador que implicaría la suspensión -total o parcial- del DR-CAFTA, así como la aplicación de aranceles del100 por ciento a productos nicaragüenses. Este impacto será generalizado, aunque también se conoce quienes quedarían al margen de sus efectos.
Lo sorprendente de las propuestas, análisis y predicciones, es que coinciden en que la solución pasa por elecciones libres en las que participarían los sandinistas. Incluso se especula que el candidato podría ser Laureano Ortega, alias “El Chigüín”. Esta perspectiva, sin embargo, corre el riesgo de repetir errores históricos: como en 1979, cuando no se aplicó el debido proceso para juzgar crímenes de ambos bandos, y en 1990, cuando el sandinismo se apropió de millones en propiedades y se garantizó impunidad para los delitos cometidos durante la guerra civil.
Nicaragua merece algo mejor, no debe permitirse la participación de la estructura criminal Ortega Murillo en las elecciones, salvo que demuestren su inocencia frente a los delitos que se les imputan, incluidos crímenes de lesa humanidad. Es urgente implementar un proceso de Justicia Transicional que cree seguridad y confianza en una población que exige un punto final a los abusos, crímenes y demás delitos que ha sufrido durante más de cuatro décadas.