Organizar a la sociedad nicaragüense en tiempos de polarización extrema: una hoja de ruta estratégica

Por Marco Aurelio | Lunes 09 febrero, 2026

La polarización que atraviesa Nicaragua hoy se encuentra en niveles críticos: por un lado, un régimen autoritario que ha concentrado el poder político, institucional y judicial en una cúpula dinástica conformada por Daniel Ortega y Rosario Murillo; por otro lado, una oposición fragmentada, dispersa entre exilio, cárcel, y cooptación judicial. Esta polarización no es una simple división política: es una crisis de legitimidad de la sociedad en su conjunto, que ha reducido el campo de lo político a la supervivencia y a la resistencia.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó por unanimidad el 4 de febrero de 2026 la situación en Nicaragua, expresando su “alarma” ante las violaciones persistentes de derechos humanos, la represión sistemática y la instrumentalización de mecanismos internacionales para hostigar a opositores y disidentes. La resolución exhortó al gobierno de Ortega-Murillo a cesar las violaciones y a liberar incondicionalmente a personas detenidas injustamente, y pidió el respeto a los principios democráticos de la Carta Democrática Interamericana.

Ese pronunciamiento, aprobado por unanimidad entre los estados miembros, refleja la amplia preocupación hemisférica por el deterioro institucional en Nicaragua. De manera simbólica y práctica, la OEA ha vuelto al centro del debate internacional sobre el país a pesar de la salida formal de Nicaragua de esa organización en 2021, una decisión de Managua que no la exime de obligaciones en materia de derechos humanos bajo otros instrumentos internacionales.

El mismo día, la Congresista María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, marcó una línea más firme en la política estadounidense hacia Nicaragua al denunciar las violaciones de libertades religiosas como parte integral de este autoritarismo y al señalar claramente que no habrá legitimación internacional si las prácticas represivas persisten.

Estas acciones internacionales deben ser leídas como indicadores no solo del reconocimiento global del problema nicaragüense, sino de que se están configurando marcos de presión política y diplomática más duros, articulados con sanciones económicas y mecanismos de responsabilización en el exterior.

Sin embargo, las dinámicas internacionales por sí solas no pueden reemplazar un proyecto interno de organización y cohesión social. Si la sociedad nicaragüense no logra articular un modelo de unidad táctica que vaya más allá de la oposición reactiva, será reducida a un actor testimonial —incluso si tiene respaldo externo— y no a un sujeto político capaz de disputar el poder de manera estratégica y creíble.

El desafío interno: más allá de la fragmentación

La oposición nicaragüense enfrenta al menos tres debilidades estructurales:
1. Fragmentación histórica: múltiples liderazgos sin coordinación estratégica prolongada.
2. Deslegitimación estatal de la disidencia: encarcelamiento selectivo, exilio forzado y revocación de nacionalidades, que desintegran tejido social, político y comunitario.
3. Ausencia de canales institucionales creíbles: con instituciones capturadas por una élite que ha eliminado contrapesos efectivos.

Organizar a la sociedad en este contexto implica reconocer que la oposición no puede ser una suma de demandas aisladas (liberación de presos, elecciones libres, retorno de exiliados), sino un proyecto articulado con perspectivas de poder que incluya:

1. Construcción de una narrativa compartida

Un elemento organizativo fundamental es la construcción de una narrativa que pueda convocar amplios sectores sociales —trabajadores, indígenas, estudiantes, sectores urbanos y rurales, comunidades religiosas y grupos culturales— en torno a principios cívicos y democráticos que no dependen de dogmas políticos ni de lealtades partidarias. Esta narrativa debe hablar de:
• Derechos sociales y económicos que trascienden la elección política.
• Justicia transicional y rendición de cuentas.
• Participación ciudadana como componente de soberanía nacional.

2. Coordinación estructurada y corresponsabilidad

La polarización radical conlleva el riesgo de que distintos grupos intenten “liderar” la oposición de manera independiente. Esto diluye esfuerzos y permite al régimen continuar explotando divisiones. Se requiere:
• Plataformas de coordinación que no reemplacen a partidos, sino que funcionen como espacios de decisión y acción compartida.
• Protocolos de corresponsabilidad por sectores (sociedad civil, iglesias, sindicatos, profesionales, estudiantes) para definir metas conjuntas, tiempos y acciones específicas.

3. Estrategias de movilización protegida y descentralizada

Dado el riesgo de represión directa, la organización social no puede depender exclusivamente de grandes manifestaciones públicas centralizadas. Debe complementarse con:
• Redes comunitarias autónomas que funcionen en territorios y barrios.
• Plataformas digitales seguras para coordinación y denuncia.
• Apoyos logísticos para defensores de derechos humanos, activistas y periodistas bajo amenazas.

4. Vinculación con la presión internacional

Las condenas internacionales, como la de la OEA, y las declaraciones de figuras como Salazar deben ser instrumentalizadas políticamente por movimientos nicaragüenses, no solo celebradas. Esto supone:
• Presentar solicitudes formales de investigación ante instancias como la CIDH.
• Articular evidencias sistemáticas de violaciones para alimentar mecanismos de justicia internacional.
• Promover sanciones dirigidas a actores específicos, no solo genéricas, para evitar daños colaterales a la población civil.

Conclusión: de la resistencia a la construcción de poder

La crisis política nicaragüense no es solo un choque entre dos bandos. Es el resultado de décadas de acumulación de poder autoritario que ha pulverizado las mediaciones institucionales y ha fragmentado la sociedad. La condena de la OEA del 4 de febrero de 2026 y la posición de María Elvira Salazar representan un momento de reacomodo internacional que crea oportunidades para la articulación de un proyecto nacional de transición democrática.

Pero la política no se organiza desde afuera: se organiza desde adentro, desde la construcción de consensos, de liderazgo compartido, de estrategias de movilización coherentes y sostenibles. El reto de la sociedad nicaragüense es transformar la polarización extrema en un instrumento de convergencia hacia objetivos claros y alcanzables, sin renunciar a la justicia, al respeto de los derechos humanos y a la dignidad de todo el pueblo.

Nota del autor

🇳🇮Marco Aurelio es ciudadano nicaragüense, exiliado político. Reside en Alemania. PhD en Geopolítica y Desarrollo Económico por la Universidad Técnica de Múnich (Technische Universität München).🇩🇪