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La represión que cruza fronteras: Nicaragua y la nueva geopolítica del miedo

Por Marco Aurelio

Por años, el autoritarismo en Nicaragua fue presentado por el régimen como un “asunto interno”. La narrativa oficial insistía en soberanía, no injerencia y estabilidad. Pero cuando la represión cruza fronteras, deja de ser un fenómeno doméstico y se convierte en un problema geopolítico.

Las recientes revelaciones surgidas en Costa Rica sobre el asesinato de Roberto Samcam —investigado como un posible homicidio por encargo con indicios de planificación más amplia— abren una pregunta inquietante: ¿estamos ante un caso de represión transnacional sistemática?

La represión transnacional no es nueva en el mundo. Regímenes autoritarios han perseguido opositores en el exilio mediante espionaje, amenazas, secuestros y asesinatos selectivos. Lo novedoso en el caso nicaragüense es su inserción en un contexto regional particularmente vulnerable: Centroamérica, una región con instituciones frágiles, alta movilidad humana y redes criminales que pueden ser instrumentalizadas.

Si se confirma que existía una lista de opositores fuera de Nicaragua, el mensaje es claro: el exilio ya no garantiza seguridad. Y cuando el miedo se exporta, también se exporta la inestabilidad.

Desde una perspectiva geopolítica, esto tiene al menos cuatro implicaciones:

Primero: erosión de la soberanía regional.

Cuando actores vinculados a un régimen operan en territorio extranjero para intimidar o eliminar opositores, se vulnera la soberanía del Estado receptor. No es solo un delito común; es una afrenta a la arquitectura de seguridad regional.

Segundo: normalización de la extraterritorialidad represiva.

Si la comunidad internacional responde con tibieza, se envía una señal peligrosa: que los gobiernos autoritarios pueden perseguir disidentes más allá de sus fronteras sin consecuencias significativas.

Tercero: debilitamiento del sistema internacional de derechos humanos.

Nicaragua ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de mecanismos de Naciones Unidas, incluyendo el Grupo de Expertos en Derechos Humanos. Cuando quienes colaboran con informes internacionales se convierten en blancos potenciales, se ataca directamente el sistema de rendición de cuentas global.

Cuarto: efecto disuasivo sobre la diáspora.

La diáspora nicaragüense ha sido un actor clave en la documentación de abusos, incidencia diplomática y articulación política. La represión transnacional busca precisamente eso: desmovilizar, fragmentar y sembrar paranoia.

Pero hay algo que los regímenes autoritarios suelen subestimar: la represión transnacional tiende a internacionalizar el conflicto que intentan contener.

Cuando un asesinato político ocurre fuera del país de origen, deja de ser un expediente doméstico y se convierte en un caso de seguridad internacional. Obliga a gobiernos democráticos a posicionarse. Activa marcos legales como sanciones individuales, cooperación judicial y, en casos graves, jurisdicción universal.

En ese sentido, el caso Samcam no solo interpela a Nicaragua. Interpela a Costa Rica como Estado receptor del exilio. Interpela a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea como actores que han impuesto sanciones previas. Interpela a los parlamentos que han aprobado resoluciones condenando violaciones de derechos humanos. Y, sobre todo, interpela a la coherencia del sistema democrático internacional.

La pregunta estratégica es esta: ¿se permitirá que la represión transnacional se consolide como una herramienta normalizada del poder autoritario en América Latina?

Si la respuesta es no, entonces la reacción no puede limitarse a declaraciones. Debe incluir:

            •          Coordinación de inteligencia y protección a exiliados.

            •          Sanciones específicas contra redes y operadores.

            •          Documentación rigurosa para futuros procesos judiciales.

            •          Aislamiento diplomático de estructuras responsables.

La geopolítica del siglo XXI no solo se juega en guerras convencionales o disputas comerciales. También se libra en la defensa —o abandono— de quienes denuncian abusos desde el exilio.

La historia demuestra que los regímenes que exportan miedo terminan exportando también su propia ilegitimidad. La represión transnacional puede intimidar en el corto plazo, pero en el largo plazo amplía el alcance del escrutinio internacional.

El asesinato de Roberto Samcam no puede leerse únicamente como una tragedia individual. Es una advertencia estratégica. Una señal de que el conflicto nicaragüense ya no está contenido dentro de sus fronteras.

Y cuando la represión se globaliza, la respuesta democrática también debe hacerlo.