*Luis Campos Pérez – Analista de Riesgo Geopolítico
El 21 de marzo de 2021, disidentes de las FARC y tropas de la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana) entablaron combates en el municipio de Páez, Estado Apure. En particular, en La Victoria, localidad colindante con el departamento colombiano de Arauca, los enfrentamientos entre militantes y el ejército de Venezuela se extendieron hasta el 3 de abril. El incidente dejó 8 miembros de las FANB muertos, 9 guerrilleros de las FARC y 32 presuntos miembros de las FARC capturados (1).
Desde el ascenso de Hugo Chávez al poder en 1999, se sabía que Venezuela proporcionaba refugio a las guerrillas colombianas de izquierda, lo cual era cierto hasta hace poco. En el contexto del conflicto interno en Colombia, Venezuela proporcionó a la guerrilla colombiana corredores clave para el contrabando de drogas, zonas de refrescamiento y puntos de reabastecimiento. Incluso después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, el gobierno venezolano continuó brindando apoyo y acceso territorial profundo (2, 3, 4, 5).
A pesar de que las tropas de la FANB pudieron hacer frente a la guerrilla en Apure, dentro del área altamente priorizada conocida como el Frente Andino (o Media Luna), un grupo de estados occidentales fronterizos con Colombia compuesto por Zulia, Táchira, Mérida, Barinas y Apure (azul en el mapa abajo)- Los grupos insurgentes colombianos han establecido desde hace mucho tiempo su presencia en Táchira, Zulia, Amazonas, Bolívar y Falcón (6).
La razón del cambio de política hacia las guerrillas colombianas es una cuestión de simple supervivencia. Caracas simplemente ya no está dispuesta a absorber el riesgo de un conflicto interestatal abierto con Colombia por continuar brindando apoyo a las guerrillas, especialmente cuando tal curso de acción probablemente terminaría con el colapso del régimen.
Para extender su supervivencia, el régimen de Maduro ha adoptado cambios fundamentales de política en los últimos meses. Cambios que nadie hubiera pensado ni remotamente posibles, dadas las políticas radicales y duras implementadas desde el comienzo de la era chavista. Cambios como la dolarización de facto de la economía (7), la voluntad de abrir inversiones petroleras extranjeras (8) y los poderes discrecionales sin precedentes otorgados por la ley del “antibloqueo” a Maduro (9), son respiraciones agónicas de un régimen en lucha por tomar su último aliento.
El riesgo de violencia interestatal
El 7 de abril de 2021, Diosdado Cabello, vicepresidente del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y una de las figuras más influyentes del régimen chavista, lanzó una amenaza contra Colombia afirmando que el gobierno del presidente Duque facilita su territorio para que Estados Unidos ataque Venezuela y “si vamos a la guerra con Colombia, la llevaremos a su territorio” (10), declaró durante su programa de televisión “Con El Mazo Dando”. A pesar de la interpretación acrobática de Cabello a los recientes combates entre las FANB y las FARC, esta no parece ser impulsada por Bogotá, a pesar de una renovada determinación de poner fin al apoyo anteriormente brindado por Caracas a la guerrilla.
El 13 de abril, Maduro anunció el despliegue de mil milicias chavistas en el estado de Apure, luego de declarar que la FANB había recuperado el control de la zona (11). Tanto si la medida fue de carácter propagandístico como si tiene la intención de preparar apoyo logístico para las unidades de combate, lo cierto es que la tensión en la zona sigue siendo alta, ya que tanto Venezuela como Colombia han incrementado sus despliegues militares en la región Apure-Cauca, mientras continúan intercambiando acusaciones en el ámbito internacional.
El principal riesgo que plantea una mayor desestabilización en Venezuela es la probabilidad de que el conflicto se extienda a través de los profundos, porosos e inhóspitos territorios fronterizos de Amazonas y Bolívar, hacia Brasil; y de la Media Luna Occidental de Venezuela, hacia Colombia. Esto, combinado con la economía de la producción y el contrabando de narcóticos ilegales, crea el potencial para un ciclo de conflicto autosostenible.
¿Una guerra civil por delante?
La peculiar situación de Venezuela puede desencadenar fácilmente en una guerra civil, dados tres hechos principales: la economía ilegal de la producción y el contrabando de drogas; el nivel de adoctrinamiento y combatividad de los grupos chavistas; y la disponibilidad de armas de fuego entre la población civil.
Como muestra la historia del conflicto colombiano, la producción y el contrabando de drogas pueden ser una parte integral de la economía y la sostenibilidad de los grupos terroristas (12). Ante la ausencia del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las organizaciones guerrilleras como las FARC y el ELN encontraron la manera de sostener e incluso expandir su influencia sin la necesidad de tener un plan para conquistar el poder político. Ya sea produciendo narcóticos ellos mismos o forzando impuestos a otros productores y contrabandistas, pudieron mantener sus operaciones durante varios años. Con eso en mente, uno puede asumir fácilmente que en caso de una amenaza existencial inminente, Maduro puede fácilmente involucrarse en actividades ilegales para movilizar sus recursos, ya que Caracas ya ha sido acusada de participar en el tráfico internacional de drogas a gran escala (13) a través de Cártel de los Soles. En tal escenario de conflicto abierto, y especialmente si Maduro es removido del poder como consecuencia, la formación de grupos insurgentes chavistas es muy probable.
En cuanto al nivel de adoctrinamiento, se puede inferir que dada la institucionalización de la ideología chavista desde principios de la década del 2000 y en todos los niveles de la administración pública, ya existen cientos de milicias preparadas y dispuestas a ir a la guerra por la revolución (14). Por último, hay alrededor de 1,5 millones de armas de fuego en manos de civiles (15), lo que representa alrededor del 84,63% de todas las armas pequeñas en el país (16).
Los ya vastos arsenales en todo el país, combinados con el acceso a los narcóticos como fuente de ingresos y la ideologización de las instituciones, más allá y fuera del control político, hacen que el escenario de conflicto civil sea catastrófico y que potencialmente puede extenderse por el norte de Sudamérica.
