Las declaraciones del subsecretario de Estado adjunto para América Central en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein, en relación a la liberación de 135 secuestrados políticos por la dictadura Ortega Murillo, son confusas. “Este es el resultado de meses de presión pública y privada por parte de Estados Unidos para que Ortega y (la vicepresidenta Rosario) Murillo liberen a las personas detenidas injustamente”, afirmó Jacobstein, a la vez que indicaba, “el régimen nicaragüense no obtuvo nada” a cambio por la liberación de los 135 presos políticos que fueron trasladados a Guatemala, sino que fue “una acción unilateral” de la dictadura nicaragüense.
El funcionario también expresó acerca de la política de la administración Biden que, “nuestra política hacia Nicaragua no ha cambiado. Nosotros seguimos comprometidos a rendición de cuentas, en cuanto a las violaciones a los derechos humanos, en cuanto al acercamiento con Rusia, con China, y también en cuanto a la manera en que este gobierno está facilitando la migración irregular”, asegurando también que, “no habrá ninguna nueva sanción en contra de la administración del presidente Daniel Ortega”, pero que Estados Unidos, continuará abogando por los presos políticos y el pueblo nicaragüense.
El efecto más visible de las sanciones estadounidenses a Ortega y sus allegados, es su limitación a viajar libremente a países donde potencialmente podrían ser detenidos, pero la dictadura ha revertido dicho efecto sobre el pueblo de Nicaragua, que ha sido sometido a una condicionalidad que podría denominarse “país por cárcel”, dadas las restricciones a las que es sometido, y que son propias de un privado de libertad: libertad de expresión, libertad de información, libertad de movilización, vigilancia permanente y además, la posibilidad real y cercana, de terminar encarcelado en condiciones de tortura física, sicológica, sin derecho a la defensa y al debido proceso, a la atención médica y a una alimentación mínimamente aceptable.
Existe una campaña bastante bien lograda de aislamiento de la dictadura, reflejada en la no reelección de Dante Mossi como presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien fuera el principal pivote financiero de fondos para la dictadura, y que hoy está siendo acusado por corrupción en una Corte Federal de Estados Unidos; en este mismo contexto se añade el fracaso de la dictadura al pretender que uno de sus agentes más serviles, Valdrack Jaentschke, fuera electo para dirigir la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). También se han generado efectos colaterales aislacionistas de la dictadura, como producto del innombrable fraude electoral del chavismo, que obligó a la pareja dictatorial a manifestar su solitario apoyo incondicional al torpe dictador venezolano, incluyendo la fantasiosa propuesta del envío de mercenarios sandinistas para reprimir al pueblo venezolano, y una nada diplomática verborrea en contra de los mandatarios de Brasil, Chile y Colombia, lo que ha dañado las relaciones con esos antiguos aliados.
El panorama general a lo interno del país no es nada alentador, el exterminio de los oenegés y organizaciones sociales y religiosas, que en gran medida complementaban los vacíos de la responsabilidad estatal en diversas esferas, el acercamiento a un modelo educativo alienante y enemigo del pensamiento crítico, el control de las remesas y en general de toda actividad económica bajo un modelo policíaco, y las cárceles con unos pocos secuestrados políticos, con los que la dictadura muestra su músculo de no ceder ante ninguna presión, además de enviar un mensaje claro a la población de su intención de volver a llenar esas mismas celdas.
La volatilidad de toda condición política forzada, es directamente proporcional a la magnitud del rechazo mayoritario a quienes ejercen el poder; la resistencia pasiva y el silencio conspirativo son aliados de desenlaces sorpresivos, y en eso Nicaragua ha mostrado persistencia histórica.
Septiembre 9, 2024