Ezequiel Molina | Septiembre 23, 2024
El proceso radical de destrucción de la cultura de una etnia, expresado a través de diferentes tipos de violencia, niega el derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir las tradiciones, el arte, la lengua nativa y en general las raíces de un pueblo, incluyendo sus hábitos alimentarios, creencias religiosas y prácticas económicas, pero también implica el despojo de tierras, las agresiones verbales, el encarcelamiento y la eliminación física de sus miembros. En 1968, Robert Jaulin, estableció un concepto para el proceso descrito: Etnocidio.
Basta leer el Capítulo VI del Programa Histórico del FSLN (1969), para entender que los sandinistas han pretendido, desde sus orígenes como movimiento armado, imponer a las etnias del Caribe una identidad nacional alejada de su cultura, su lógica económica y su derecho ancestral a decidir sobre su territorio; la programática sandinista de decidir sobre la vida de las etnias del Caribe es de vieja data, y se ratificó durante la década de los 80, a sangre y fuego.
La Revista Envío, de la Universidad Centro Americana, de febrero 1982, señala que, “…los sandinistas, trataron a la Costa de una perspectiva de integración, la cual fue bien intencionada pero, no sirvió siempre a las necesidades reales del pueblo indígena, de acuerdo a la opinión de algunos expertos en asuntos indígenas”. Pero la realidad subyacente a esta tibia descripción, es extremadamente dramática, violenta y sangrienta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en un Informe de noviembre 1983 –https://cidh.oas.org/countryrep/Miskitosesp/Indice.htm– describe algunos de los abusos del gobierno sandinista cometidos contra las poblaciones indígenas del Caribe nicaragüense; en febrero de 1981 la Seguridad del Estado encarceló a 30 líderes miskitos de la organización Misurasata, acusados de promover “un movimiento separatista de la Costa Atlántica de Nicaragua”, entre ellos figuraban Brooklyn Rivera y Steadman Fagoth, ambos reos de la dictadura sandinista en la actualidad.
La narrativa de dicho Informe, de lo acaecido en diciembre de 1981, es el relato de una verdadera Navidad Roja, que según reportó Confidencial fue “la operación realizada por el Ejército sandinista para desplazar a unos ocho mil quinientos indígenas de sus comunidades a orillas del río Coco (frontera con Honduras) y reasentarlos en cinco campamentos a fin de evitar que brindaran apoyo logístico a la “Contra”. Los días 20 y 21 de diciembre de 1981, rebeldes contrarios al Gobierno de Nicaragua cruzaron el Río Coco desde Honduras y ocuparon el pueblo de San Carlos, donde tendieron una emboscada a soldados del ejército nicaragüense, mutilando y asesinando a varios de ellos, la respuesta sandinista no se hizo esperar, el 22 de diciembre de 1981, 80 indígenas fueron capturados cerca de Waspam, 35 de ellos fueron asesinados por miembros del Ejército Popular Sandinista, los que fueron enterrados en una fosa común, el 23 de diciembre, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Sandinista, bombardearon las comunidades de Asang y San Carlos, masacrando a 60 indígenas y encarcelando a otros 15, el día siguiente, 12 indígenas más fueron asesinados y sus cadáveres arrojados al Río Coco, el 26 de diciembre, cuatro indígenas más fueron enterrados vivos cerca de Laimus, y ese mismo día en Bluefields, 30 personas entre criollos, indígenas y mestizos fueron encarcelados sin mediar ninguna acusación.
El desplazamiento forzado (Navidad Roja), de unos 8 mil 500 miskitos asentados en 42 comunidades aledañas al Río Coco, es la prueba emblemática del etnocidio sandinista, al conducir a marcha forzada a los comunitarios, hacia cinco campamentos denominados irónicamente Tasba Pri (Tierra Libre, en miskito), descritos como verdaderos campos de concentración, y obligados a dejar sus viviendas, pertenencias, ganado, cosechas y campos cultivados, las que fueron destruidas, quemadas o robadas por agentes del gobierno sandinista. Esta operación también produjo el éxodo masivo de unos 10 mil miskitos que cruzaron el Río Coco hacia Honduras, de ellos unos 8 mil fueron ubicados en la localidad de Mocorón, Departamento de Gracias a Dios.
A la fecha, con el reavivamiento de la represión sandinista, el desconocimiento de la autonomía cultural, económica y territorial de las poblaciones indígenas, la violenta y sistemática apropiación de sus recursos naturales, así como la emisión de concesiones de territorios indígenas para la explotación minera a compañías extranjeras, es necesario dirigir esfuerzos para informar a los nicaragüenses, del drama que viven las comunidades indígenas del Caribe, y a la vez pedir a ex miembros de la dirigencia sandinista, que hoy están en la acera de la oposición o que silenciosamente condenan la dictadura Ortega Murillo, que expongan públicamente, los entresijos que revelen la barbarie cometida contra los grupos indígenas en la década de los 80. El pueblo nicaragüense y particularmente los pueblos indígenas agradecerán, y seguramente reconocerán, ese testimonio de franqueza, como un primer paso que cimente un proceso de justicia transicional, que nos conduzca hacia la reconciliación nacional y una paz duradera y estable.
Ezequiel Molina
Profesor, geógrafo e investigador.
