Ezequiel Molina | Mayo 8, 2025
Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP), la Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.
El Informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024” publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), reportó que 1.9 millones de nicaragüenses (27.3% de la población total) no tienen acceso a una dieta saludable, 100 mil más que en 2023, para un incremento anual del 5%, y que, según especialistas en el tema, seguirá creciendo. El efecto de dicha situación debiera encender alarmas entre los tomadores de decisión para reducir el impacto en los segmentos poblacionales más vulnerables: la población rural en general, e indígena en particular, que tiene menos acceso a alimentos, a lo que se suman los problemas de producción por su casi nula capacidad financiera, el deterioro ambiental del medio rural y un modelo productivo de los alimentos básicos que sigue estancado en su nivel tecnológico.
Por otro lado, tenemos una población infantil que se ve amenazada ante el incremento de enfermedades crónicas debido al sobrepeso y la obesidad, el retraso en el crecimiento de niños menores de cinco años, la prevalencia del bajo peso al nacer (10.3% de los recién nacidos), vinculado a la anemia presente en 300 mil mujeres entre 15 y 49 años. Las secuelas en los recién nacidos en el largo plazo son realmente graves, retrasos en el aprendizaje y habilidades cognitivas, lo cual repercutirá negativamente en el desarrollo del país al disminuir la capacidad de desarrollo adecuado del capital humano.
La situación descrita sólo encendió una alarma, y fue en El Carmen, el resultado es conocido: cierre de la delegación FAO en Managua y la solicitud de retiro de dicho organismo por parte del gobierno sandinista, calificando el informe del organismo como “inaceptable, inadmisible e irrespetuosa”. Dicho cierre significa la pérdida de importantes recursos financieros y técnicos establecidos en el marco de programación de país 2022-2026. La dictadura seguirá cerrando puertas a organizaciones que desnuden sus miserias y pareciera que sólo las entidades financieras tienen puertas abiertas para el régimen, como el FMI y el Banco Mundial, entre otros. El aislamiento dictatorial sigue al alza.