El dictador Daniel Ortega a través de su embajador en Ginebra (Suiza), rechazó sostener algún contacto con la Comisión de Expertos Independientes nombrada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y permitirles su ingreso a Nicaragua, según reporta este martes el portal Confidencial, citando fuentes diplomáticas europeas.
El alegato de Ortega es que la Comisión es “parcial y sesgada, porque representa un ataque contra Nicaragua, alineado a los intereses de Estados Unidos”. De esta manera se niega a cooperar para que los tres expertos investiguen las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua entre 2018 y 2022.
El pasado 24 de mayo, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Federico Villegas, nombró a los integrantes del Grupo de Expertos: el alemán Jan-Michael Simon, el chileno Alexandro Álvarez y la colombiana Ángela María Buitrago.
“La negativa de Ortega era predecible”, dijo la fuente a Confidencial, pues “hasta ahora ha rechazado todos los informes de Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.
Al respecto, el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, señaló que la “dictadura de Nicaragua tiembla de miedo” al rechazar a la Comisión de Expertos de ONU.
“Tienen mucho temor y mucho que ocultar, sin embargo el mundo ya sabe que han asesinado a 355 y arrestaron a 181, los q sufren tortura y tratos crueles. No se puede tapar sol con un dedo”, escribió en Twitter.
El pasado 31 de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió establecer un grupo de tres expertos en derechos humanos sobre Nicaragua, que recibieron el mandato de “emprender investigaciones exhaustivas e independientes de todos los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, en particular las posibles dimensiones de género de esos abusos y violaciones, y sus causas estructurales profundas”.
Además, se solicitó al grupo de tres expertos que “establezca los hechos y las circunstancias relativos a los presuntos abusos y violaciones, reúna, consolide, preserve y analice información y pruebas y, de ser posible, identifique a los responsables, y permita que esa información sea accesible y pueda utilizarse en apoyo de las iniciativas actuales y futuras de rendición de cuentas”.
EXPERTOS PODRÁN INVESTIGAR ABUSOS FUERA DE NICARAGUA
Alex Aguirre, especialista en conflictos y paz, aseguró el pasado mes de mayo a La Mesa Redonda que, a sabiendas que Daniel Ortega no dejará entrar a Nicaragua al equipo de tres expertos, el trabajo de estos no se limitaría, siempre y cuando las víctimas de la represión orteguista y organismos nacionales e internacionales denuncien y mencionen con nombre y apellido a los “verdugos” en Nicaragua.
“Definitivamente no es igual que este grupo de tres esté fuera del país, pero estoy seguro que el trabajo no se limitaría, en la medida que la población pueda hacer esa denuncia permanente. Hay algo súper importante que está en la declaración que no podemos perderlo de vista, habla de identificar responsables o sea nombrarlos con nombre y apellidos. Hasta el momento no hay un informe, que te de una lista de quiénes han sido con nombre y apellidos, y la ubicación demográfica donde se perpetraron esos crímenes; este grupo de tres si está mandatado a hacerlo y no podemos perder la oportunidad de nombrar a nuestros verdugos en este momento”, declaró Aguirre en entrevista con La Mesa Redonda el 24 de mayo pasado.
“La dictadura rechazó la resolución cuando se aprobó por lo que no permitiría el acceso de la delegación de la ONU al país, el gobierno de Nicaragua, aún así está llamado a colaborar con el grupo que deberá desarrollar sus mandatos sí o sí; aun así la dictadura de Ortega se niega a permitirles el acceso del país. Para eso dentro de sus mandatos tienen la capacidad y tienen también por decirlo así el permiso de acercarse tanto organizaciones de derechos humanos internacionales como Human Rigths, como Amnistía Internacional y otros mecanismos de derechos humanos a nivel hemisférico como la CIDH y otras organizaciones para investigar, pero también a la sociedad civil nicaragüense”, agregó.
Para Aguirre, “la ventaja” de este grupo de tres, es que tienen un mandato “muy específico y muy amplio”.
“El Consejo de Seguridad mandató a emprender investigaciones exhaustivas e independientes en todos los presuntos abusos y violaciones, ahí no te está generando una limitación para que ellos son investiguen violaciones a los derechos civiles y políticos; ahí están todos los derechos. Eso te va a dar una gran cantidad de pruebas y una gran cantidad de testimonios que van a poder dar facilidad de llevar a procesos de justicia a todos los implicados en materia de violaciones de derechos humanos, tanto los cuerpos paraestatales, los autores intelectuales y los autores materiales de las violaciones que sean sus que han sucedido desde 2018”, continuó.
Aguirre aclaró que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, “entonces esa es una seguridad en saber que, tanto al mediano largo y corto plazo pueden haber procesos de justicia”.