Para el ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, la reforma a la Ley 387 ‘Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas’, aprobada la semana pasada y oficializada el miércoles 31 de agosto a través de La Gaceta, diario oficial de Nicaragua, busca cuatro propósitos fundamentales. El principal es “sortear” las sanciones que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso en junio pasado a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro señala que en 2017, el régimen de Daniel Ortega creó la estatal Eniminas “para consolidar su control sobre el sector minero de Nicaragua”.
“Evidentemente aquí hay un propósito con esta reforma de la ley de Minas del país y sobretodo se basa en cuatro aspectos fundamentales. El primero es sortear las sanciones establecidas por el Departamento del Tesoro a Eniminas y a sus directivos”, declaró Ruiz en entrevista con La Mesa Redonda.
“El segundo aspecto importante es, la legalización de la minería artesanal en el país. El tercer aspecto importante es, el control de la exportación del oro de Nicaragua. Y el último aspecto importante tiene que ver con una apreciación sobre el rumbo que va a tener la extracción minera en el país hacia la monopolización de la explotación minera en Nicaragua”, añadió.
Con dicha reforma, el régimen reemplaza la participación de Eniminas en las actividades del sector minero y otorga ese poder al Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El artículo 2 de la reforma establece que de ahora en adelante el Estado podrá participar del negocio a través de alianzas y asociaciones con empresas privadas, públicas o mixtas que proponga el MEM.
“Eso es una evidencia sustancial para decir que evidentemente la sanción a Eniminas tiene una repercusión directa en estas reformas, porque ninguna empresa transnacional tendría la posibilidad de hacer negocios con la empresa estatal Eniminas. Porque si las hace, entraría en un negocio que podría poner en riesgo a estas empresas a nivel de las bolsas de valores donde la mayoría de ellas cotizan”, explicó Ruiz.
“Lo que hace el régimen para sortear esto, vuelve a darle al Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua, la potestad de hacer alianzas y asociaciones con empresas privadas, públicas o mixtas para el aprovechamientos, exploración y explotación de minería”, agregó.
El MEM también ejecutará un seguimiento y revisión de las concesiones mineras otorgadas para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, y faculta cancelar dichas autorizaciones en caso de incumplimientos.
Además controlará las exportaciones de los comerciantes de metales preciosos y casas de empeños y/o préstamos.
No obstante, el ambientalista indica que Eniminas podría continuar con el control del sector minero “bajo la sombra”.
“Oficialmente va a ser el Ministerio de Energía y Minas, pero puede ser que Eniminas siga operando bajo la sombra del Ministerio de Energía y Minas para seguir con los negocios, la falta de transparencia, incluso coimas que señala la Oficina del Departamento del Tesoro, precisamente para mantener el esquema. Pero legalmente la que pasaría a tomar esa actuación es el Ministerio de Energía y Minas por las sanciones públicas que tiene la empresa estatal (Eniminas)”, expuso.
Asimismo, el MEM “coordinará y supervisará de previo acuerdo entre concesionarios o planteles de beneficio debidamente registrados, la entrega de recursos mineros provenientes de la pequeña minería y minería artesanal que estén autorizados por el MEM”, reza la reforma.
Al respecto, el ambientalista señaló que “es lamentable que el régimen de Nicaragua con esta reforma a la Ley 387, establece una cierta legalidad a la Minería Artesanal y de Pequeña Escala” (MAPE), pues denunció que esta no cumple con los estándares ambientales y sociales, en referencia a la contaminación con mercurio, por el trabajo infantil, por la falta de seguridad laboral, por no pagar impuestos, y por su misma ilegalidad.
“Con esta reforma, el régimen quiere avalar esa actividad para que les siga permitiendo la entrada de ese material minero extraído por esa MAPE a planteles industriales y se siga con el negocio de la minería, para que los industriales a nivel internacional no tengan ningún cuestionamiento alrededor de la venta de ese oro que procede de fuentes irresponsables y sin mecanismos ambientales y sociales”, zanjó.
“Es una de las reformas más perversas que tiene la Ley 387, porque prácticamente avala la irresponsabilidad de la minería artesanal”, subrayó.
Ruiz no descarta que Estados Unidos también aplique sanciones al MEM.