Luego que se conociera que la Justicia argentina inició la semana pasada una investigación penal contra el dictador Daniel Ortega, su mujer Rosario Murillo y otros funcionarios del régimen de Nicaragua para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad, expertos han señalado que si el proceso prospera, la pareja de dictadores y demás, no podrían salir de Nicaragua, y en caso de que ocurra, serían detenidos y extraditados para responder ante un Tribunal. Por lo cual tendrían “país por cárcel”.
El historiador y exembajador costarricense Vladimir de la Cruz manifestó que Ortega y Murillo “están en una cárcel que se llama Nicaragua”.
“Ellos no pueden salir de allí, por eso tienen al Ejército custodiándolos. En el fondo ya están presos en su propio país”, declaró de la Cruz en entrevista con La Mesa Redonda.
“Ese tipo de gobernantes que son autoritarios, déspotas, tiranos, dictadores –como los queramos llamar—en el fondo lo que hacen es un ejercicio de prácticas de violaciones de derechos y libertades y de Derechos Humanos; y el Derechos Humanos hoy es como una sombrilla que cubre a todo el mundo y en ese sentido los Tribunales de Derechos Humanos provocan resultados que no son detenibles de ninguna manera. Si usted mete una acusación por violación de Derechos Humanos y hay causa para que se le dé trámite y se solicite la presencia del violador, esos violadores de Derechos Humanos como Ortega y su familia no van a poder viajar a ningún país porque los pueden capturar”, añadió.
En ese sentido, el historiador recordó el caso del dictador chileno Augusto Pinochet que en 1998 viajó a Inglaterra y ahí lo capturó la justicia española, por delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante su dictadura.
“Algo de esto puede pasarle a Ortega, en el momento que salga de Nicaragua y le meten una acusación, en cualquier país y lo obligan a quedarse si ese país está en disposición de agarrarlo porque si hay un país donde el gobierno lo protege, ahí no hay nada qué hacer”, aclaró.
Además de Ortega y Murillo, también serán investigados penalmente Néstor Moncada Lau, asesor privado de Ortega; Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua; Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Sonia Castro, exministra de salud y Leonardo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.
“Estos son personajes que ya están presos en sus propios países, ellos mantienen represivamente a un pueblo, pero ellos están en una cárcel de la cual no pueden salir, por eso les interesa mantenerse en el gobierno, porque si no se mantienen en el gobierno, van a la cárcel físicamente”, advirtió el exdiplomático.
Darío Richarte, uno de los abogados que denunció a Ortega y Murillo, ha dicho que lo primero será recabar las declaraciones de las víctimas y testigos para poder formalizar la imputación contra los responsables.
Como primera medida, el juez argentino a cargo del caso, dispuso el envío de un exhorto a la justicia nicaragüense para que informe si existen causas abiertas sobre detenciones ilegales de personas.
Richarte, afirmó que se podría extraditar a Ortega y Murillo “en caso que el juez obtenga todos los elementos para formalizar la imputación y que no comparezcan a la citación que se les curse”.