*Alonso Ascencio Martínez
La remecida que estamos viendo en el Poder Judicial, es de tal magnitud que hay que considerar qué objetivo estratégico persigue la dictadura, más allá de la simple idea de que se trata de una demostración absoluta del poder que está concentrando la codictadora, Murillo. Ni Murillo ni Ortega necesitan crear un cisma en un poder del estado, solo para saldar sus cuotas de poder. Lo que está pasando en el Poder Judicial es la operativización de un plan estratégico de los ORMU.
Ya vimos cómo la codictadora hizo cambios importantes en la policía del régimen sin provocar un cisma. Removió a cuatro o cinco comisionados y nombró mujeres en las estructuras de dirección de la policía. Incluso algunos de los comisionados removidos estuvieron retenidos en El Chipote, pero sin mayores consecuencias.
De los cuatro poderes en que se divide el sistema de gobierno en Nicaragua, la dictadura ya controla hasta sus más mínimos detalles el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Electoral. Sin embargo, los dos poderes que están ligados cotidianamente al ejercicio del poder son los Ejecutivo y Judicial. Y el problema está en que la propia estructura del Poder Judicial con sus tribunales de apelaciones y juzgados permite la existencia de pequeños feudos en que cada cacique es una autoridad autónoma. Es decir, un juez penal de Juigalpa no tiene absolutamente nada que ver con un juez civil de Jinotepe y el tribunal de apelaciones de Granada no tiene absolutamente nada que ver con el tribunal de apelaciones de Bluefields.
Por encima de todos ellos solo está la Corte Plena ( todos los 16 magistrados constituidos en Corte ), la Comisión de Administración y Carrera Judicial y la Presidenta de la Corte. Entonces la dictadura tiene el control absoluto de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Electoral pero le faltaba consolidar una estructura vertical de mando y ordeno en el Poder Judicial para las tareas venideras. Ese Poder Judicial ya le sirvió para sofocar la rebelión popular de 2018. Ahora viene la segunda etapa: la consolidación y sostenimiento de la dictadura frente a los nuevos retos y para eso necesita la paramilitarización del Poder Judicial.
Para entender lo del Poder Judicial hay que ubicarse en el contexto internacional latinoamericano. Los acuerdos de Barbados entre la dictadura de Maduro y una parte de la oposición venezolana, con observadores y garantes internacionales, independientemente de la voluntad de cumplimiento de Maduro, abren un flanco contra la dictadura madurista. Simultáneamente, Maduro abre su propia negociación con los gringos para quitarse de encima el proceso abierto en los Estados Unidos contra el Pollo Carvajal y Alex Saab, como miembros del cartel de Los Soles, del cual forma parte Maduro y varios miembros de su gobierno, incluyendo a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa y Jefe del ejército bolivariano. Y para rematar, al margen de los Acuerdos de Barbados, Maduro tiene abierto un proceso en la Corte Penal Internacional por delitos de lessa humanidad.
Los Estados Unidos ofrecen 15 millones de dólares de recompensa por la cabeza de Maduro y 10 millones por la cabeza de Diosdado Cabello. Y aunque algunos crean que esto es una farsa, resulta que no es tan farsa si Maduro accedió a firmar los Acuerdos de Barbados. Es decir, Maduro y su corte tiene cuatro puyas encima. Había dicho que no permitiría las primarias de la oposición, hizo todo lo que pudo por impedirlas y al final no pudo. Ahora pretende anular las primarias que ganó ampliamente María Corina Machado y no las tiene todas consigo. Machado ya se convirtió en líder indiscutible de la oposición venezolana, que hasta antes de las primarias, aparecía completamente dividida.
Si Maduro se ve obligado a abrir una rendija para las lecciones de 2024, seguramente las pierde y por eso desde ahora trata de quitarse de encima todo lo que pueda estar sobre su cabeza. Lo que negocia es garantía de impunidad dentro y fuera de Venezuela.
En el caso de la dictadura de Ortega, si la oposición gana las elecciones venezolanas de 2024, sería una catástrofe. Y si a eso agregamos lo que pueda ir negociando la dictadura cubana después de la debacle venezolana, sin que aparezcan en escena los dineros chinos, ni rusos ni iraníes, sería la hecatombe para los ORMU.
Ortega no se quedará sentado a esperar lo que pase. Siempre ha ido una jugada adelante y no quiere que le vuelva a pasar lo de las lecciones del 90, que lo agarraron con los pantalones abajo. Por ello no solo construyó una dictadura político militar, sino también un emporio económico y una casta empresarial capaces de financiar cualquier aventura política.
En el hipotético caso de que se abra un proceso de transición democrática con elecciones aceptables, Ortega pierde las elecciones y su principal temor, ahora, no es la pobreza, sino la impunidad. Enfrentado a los crímenes de lessa humanidad necesita construir un tranque judicial que lo proteja de todos los procesos, igual como en el pasado lo protegieron de las acusaciones de Zoilamérica.
Solo que esta vez, la acusación no sería de una mujer sola contra Ortega, sería una acusación de todo el pueblo de Nicaragua y eso es otra cosa. El poder judicial que está desmantelando le sirvió para llevar casi al exterminio a la oposición, ahora necesitará un poder judicial para volver a tratar de gobernar desde abajo, Ortega se prepara para ser oposición y para ello necesita un nuevo poder judicial que se enroque a su alrededor.
En los 90 fueron las asonadas. Esta vez serán las asonadas con el agregado de un poder judicial que actúe como sindicato, como fuerza de choque ante cada uno de los procesos contra los acusados de delitos de lessa humanidad. Veremos un poder judicial sublevado declarando sin lugar todas las acusaciones, un sindicato judicial con paro de labores, con toma de sedes judiciales, una Corte Suprema declarando inconstitucionales todos los actos legislativos de la asamblea nacional democrática. Ortega está preparando un poder judicial para la guerra. En esa guerra ya no caben los corridos, ya hicieron lo que tenían que hacer, ya muchos se sienten hastiados, muchos envidian a Rafael Solís porque supo irse y viene una nueva fuerza de tarea para cumplir otras misiones. Será un poder judicial para dar un golpe de estado constitucional contra el gobierno democrático, igual como está haciendo el poder judicial en Guatemala contra Arévalo.
Esta es la verdadera razón de todo el desmadre.