El presidente de Colombia, Gustavo Petro está buscando un acuerdo con el régimen de Daniel Ortega de Nicaragua para que sean solo los integrantes de la comunidad El Raizal puedan pescar en las aguas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Ya el Gobierno expidió una resolución que exigirá tarjeta de residente de las islas a todos los pesqueros de la zona, pero el jefe de Estado quiere ir más allá y convertir esa normativa interna en un acuerdo internacional de pesca con el país vecino.
“Hemos limitado la pesca en San Andrés y Providencia a los raizales de la isla. Nadie que no sea de El Raizal puede dedicarse a esa actividad en nuestro mar sanandresano. Es de ahora en adelante un derecho raizal. Espero extender esta norma a un acuerdo con Nicaragua”, detalló el presidente Petro.
La ministra de Agricultura colombiana, Jhenifer Mojica, ya había adelantado que estaban trabajando con la comunidad El Raizal para resolver la situación de los derechos de pesca en el mar, bajo solicitud del presidente Petro.
“El presidente Gustavo Petro nos pidió trabajar de la mano de la comunidad raizal de San Andrés y Providencia para recuperar la soberanía nacional en las islas”, recalcó Mojica. Justamente, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca acaba de emitir una resolución para cumplir ese objetivo.
La resolución en cuestión es la 1972 del 5 de septiembre de 2023 que establece que la Junta Departamental de Pesca deberá exigir la tarjeta de residencia permanente que expide la Oficina de Control y Circulación del Departamento a las personas que quieran pescar en esas aguas.
Petro busca soberanía raizal en la pesca
El intento del Gobierno Petro de llegar a un acuerdo de pesca con el régimen en Nicaragua sucede justo después de que se conociera el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que el 13 de julio reconoció la soberanía de Colombia sobre la plataforma continental extendida.
Pero la determinación de la Casa de Nariño toca las fibras de un asunto mucho más delicado de la relación bilateral, pues los dos Estados no han terminado de resolver las diferencias sobre los usos del océano en la zona limítrofe.
El pasado 21 de abril La Haya falló el caso sobre las presuntas violaciones a derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe (Nicaragua vs. Colombia), el segundo de los tres litigios que enfrentaron a Colombia y Nicaragua en ese tribunal. En todos el régimen de Daniel Ortega fue el actor demandante.
Y es que en ese fallo que jurídicamente se le conoce como el del “incumplimiento” la Corte Internacional de Justicia determinó que Colombia había “violado los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en esta zona marítima”.
En esa decisión, la Corte también determinó que “al autorizar la actividad pesquera en el ámbito la zona económico exclusiva de la República de Nicaragua, la República de Colombia ha violado los derechos soberanos de la República de Nicaragua, así como su jurisdicción en esta zona marítima”.
El fallo previo, el de 2012, había determinado que Colombia había violado el espacio marítimo de Nicaragua en el área donde se ejercen los derechos de pesca, que se conoce como Zona Económica Exclusiva.
Entre Colombia y Nicaragua ya se han registrado varios incidentes sobre barcos pesqueros de un país y otro que terminan cruzando las fronteras marítimas, antecedentes que le tocaron a este y a los gobiernos anteriores y que tocan las fibras de la nueva decisión de la administración de Gustavo Petro sobre la pesca para los raizales en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
*Con Semana