Al menos 24 organizaciones solicitaron este viernes a la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, revocar o reformar una resolución emitida en diciembre de 2022 para el otorgamiento o renovación de permisos laborales a solicitantes de refugio en ese país.
Mediante una carta dirigida a Martha Vindas, directora general de Migración en Costa Rica, las organizaciones solicitaron “que se revoque la ‘Resolución D.JUR- 0204-12-2022 -ABM: procedimiento para el otorgamiento y renovación de permisos laborales a las personas solicitantes de la condición de refugiado’”.
Argumentaron que después de analizar la resolución, “encontramos que las medidas establecidas en la misma son violatorias a los derechos fundamentales de las personas desplazadas forzadas que ingresan a Costa Rica en búsqueda de protección Internacional bajo figura de refugio”.
“Esta medida también va en contra de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dadas al Estado de Costa Rica en 2018 sobre materia de protección internacional”, anotaron.
Jhoswel Martínez, presidente de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos (ASIDEHU) una de las ONG firmantes, dijo a La Mesa Redonda que la resolución para el otorgamiento o renovación de permisos laborales a solicitantes de refugio en ese país, establece que los permisos laborales ya no se otorgarán para laborar por cuenta propia, para buscar empleos varios y que los interesados debían asegurarse a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Y que para gestionar este permiso laboral existen protocolos con procedimientos “arbitrarios” y requisitos “casi incumplibles”.
Entre estos, Martínez mencionó no poder realizar labores por cuenta propia, tener condición restringida, te piden certificados de obligación de la Caja Costarricense de la empresa que pretenda la contratación, oferta de trabajo debidamente autenticada con un notario público, la certificación de estados financieros emitidos de la empresa contratante emitido un Contador Público autorizado, del balance de situación y del estado de resultados de la empresa que pretende contratar, certificado de la aseguradora de la póliza de riesgo de trabajo, que la empresa está debidamente constituida y certificación de pago de los impuestos nacionales en caso de que la empresa se encuentre inscrita en la Dirección General de Tributación.
“Eso solamente para solicitar, y queda en manos de Migración si dártelo o no el permiso laboral. Luego que te aprueban el permiso laboral, tienes que pagar 30 dólares por la solicitud del documento, 30 dólares por la emisión del plástico, pagar tu seguro a la Caja Costarricense de Seguro Social, llevar una copia certificada del contrato de trabajo debidamente autenticado y además pagar un monto que no se establece en la norma”, añadió.
Martínez aseveró que ninguna empresa costarricense entregaría sus certificados de balance y estados financieros. “Nosotros como organización detectamos que se está dando este tipo de anomalía y nos dimos cuenta que esto afecta gravemente a la población”, aseveró.
En ese sentido, las organizaciones recomiendan a Migración costarricense “revocar la Resolución D.JUR- 0204-12-2022 –ABM, emitir una nueva resolución que establezca el Procedimiento para el otorgamiento y renovación de permisos laborales a las personas solicitantes de la condición de refugiado, que respete los Derechos Humanos y brinde mejores garantías y oportunidades a las personas solicitantes de refugio para garantizar su sobrevivencia y seguridad alimentaria, derechos directamente afectados por la resolución”.
Y “respetar los compromisos adquiridos por el gobierno de Costa Rica en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951)”. También “considerar que el refugio es una categoría extraordinaria y no categoría ordinaria, siendo que se debe establecer parámetros que respeten el alcance del refugio”.
“Creemos firmemente que la aplicación de estas recomendaciones podrá dar garantía de que se cumplan y promuevan los Derechos Humanos que deben ser otorgados y garantizados por Costa Rica a quienes solicitan protección internacional”, apuntaron.
Asimismo, solicitan que se reciba una delegación de dos personas miembros de las organizaciones para “sostener una reunión presencial y conversar sobre la preocupante situación que se está dando en materia de refugio y Derechos Humanos de las personas desplazadas forzadas”.
La carta es suscrita por:
1. Red Internacional de Derechos Humanos de Europa – RIDHE.
2. Asociación Voces Diversas de Sacuanjoche – AVODIS
3. Acción Universitaria
4. Asociación Intercultural de Derechos Humanos – ASIDEHU
5. Unión Nicaragüense Autoconvocada – UNA
6. Fundación para la Libertad
7. Instituto de la Memoria – IN MEMORIA
8. Red de Mujeres Pinoleras – REMUPI
9. Unión de Presas y Presos Políticos Nicaragüenses – UPPN
10. Asociación Centro de Estudio y Promoción Social de los Derechos Humanos ASOHUMA
11. Acción Colectiva para la Inclusión Educativa y Derechos Humanos –
12. Activismo Ciudadano en Resistencia – ACR
13. Asociación Unidad Médica Nicaragüense Capitulo Costa Rica – ASUMN
14. Movimiento Campesino Anti-Canal de Nicaragua
15. Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia – CUDJ
16. Nicaragüenses en el Mundo – NEEM
17. Instituto de Liderazgo de Las Segovias – ILLS
18. Asociación Itsaya
19. Manos Amigas
20. Fundación para la Promoción y el Desarrollo Municipal – Popol Na
21. Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos – CALIDH
22. Pasos Trascendentales por la Cultura y la Madre Tierra – CUMATI
23. Unidad Juvenil y Estudiantil (UJE)
24. Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social (FDSI) ACIDHU