Cerca del 60% de la población nicaragüense reside en áreas urbanas, aunque en un país donde el último censo poblacional se realizó hace18 años, sumando a ello el crecimiento natural de población (nacimientos menos defunciones), el elevado y secretivo índice de embarazos adolescentes, la manipulación de cifras poblacionales con fines electorales, el fuerte movimiento migratorio interno, y un cercano y dramático 10% de la población total, desplazada al exterior, resultan datos que técnicamente se pueden calificar de confiabilidad cercana a cero, y por la naturaleza del régimen, su carácter fidedigno, está por debajo de cero.
La distribución territorial de población y los cambios demográficos son fenómenos que marchan a la par del crecimiento y desarrollo económico; su interdependencia está marcada por las condiciones geográficas, tanto físicas como económicas, y su evolución depende en gran medida de la acción humana en términos de su grado de organización social, distribución del ingreso y desarrollo político.
Aunque es evidente que los factores mencionados no son los únicos, debe indicarse que en el caso de Nicaragua, se han producido eventos que han marcado profundamente ambos fenómenos -distribución territorial de la población y cambios demográficos-: la introducción del cultivo de algodón en la década de los 50, el desarrollo industrial y financiero en las décadas 60 y 70, el terremoto del 72, la marcada intención de destruir la masa boscosa y contaminar las fuentes de agua, los conflictos bélicos de fines de los 70 y década de los 80, la permanente inestabilidad política y la estructuralmente desigualdad de distribución del ingreso, entre otros.
Los resultados de esta deriva histórica están a la vista, amenazas medioambientales permanentes y crecientes, desequilibrada y anárquica distribución territorial de la población y de infraestructuras básicas (vivienda, transporte, redes técnicas, etc.), y una profunda carencia e inobservancia de políticas públicas nacionales y locales consensuadas con la población. La administración pública en sus niveles central, regional y local actúan en consonancia con el carácter dictatorial de la pareja en el poder, y ante la evidente complicidad del sector privado en la etapa del concubinato público-privado hasta 2018, y su posterior silencio, la población está en total indefensión ante las decisiones en relación al desarrollo territorial en general y urbano en particular.
Vale mencionar los ejemplos recientes del desarrollo infraestructural de Managua, el cual enfatiza en la visual de obras gigantescas con carácter propagandístico, soslayando la perspectiva económica, cultural, de recreación y bienestar poblacional y medioambiental de las mayorías. Descentralización, planificación física y desarrollo urbano, y ordenamiento territorial, serán parte del amplio menú de tareas pendientes que la dictadura y sus antecesores heredarán a las futuras administraciones públicas; son tareas que además de su contenido técnico, demandarán un serio compromiso ciudadano y administrativo alejado de intereses políticos o exigencias de una economía global cada vez más omnipresente.
Ezequiel Molina
Octubre 4, 2023