Danny Ramírez-Ayérdiz*
Las víctimas sobrevivientes, los familiares de víctimas fatales y las organizaciones de víctimas han exigido desde el inicio de la cruenta represión que vive Nicaragua memoria, verdad y justicia, en lugar de los perdones y las amnistías. Pero ¿por qué? Este no es un reclamo antojadizo, ni tampoco una cuestión de modas. La exigencia por memoria, verdad y justicia, constituyen una serie de derechos que estas personas tienen ante un Estado que viola los derechos humanos de forma masiva y brutal. Además, la memoria, verdad y justicia tiene un sentido que se extiende hacia el pasado y se proyecta hacia el futuro. Sin estos tres presupuestos, Nicaragua ha de vivir en las espirales históricas de violencia que vienen de las élites o de los caudillos atornillados al Estado.
Los nicaragüenses tenemos el deber y la obligación de enfrentar el gigantesco pasado de violencia y su legado, sea que hayamos participado en él o no. La violencia política sigue impregnando muchas de las dinámicas de los grupos de poder en Nicaragua. Por ejemplo, el gobierno de Nicaragua en manos del Frente Sandinista de Liberación Nacional manifiesta dos conductas que han sido comunes en la historia política del país: por un lado, negar que las terribles violaciones de derechos humanos que los funcionarios del Estado y miles de civiles han cometido sean crímenes de lesa humanidad. Esto no es nuevo, porque las élites están acostumbradas a justificar el uso y el abuso de conductas, patrones y arrebatos de violencia. Este último aspecto, es la segunda conducta a la que hemos hecho referencia.
Por otro lado, y lejos de las crueldades del Frente Sandinista, existe una oposición que parece repetir los patrones de conducta de todas las oposiciones de antaño cuando consideran tener la razón ante el Estado abusivo. Como en otra época, es una oposición disgregada, improvisada, discursera y cortoplacista. Además, como los caudillos políticos de toda la historia de Nicaragua varios de los que quieren llevar hacia la democracia al país continúan repitiendo prácticas que no son favorables para un proceso futuro de memoria, verdad y justicia: el exclusivismo, la falsa idea de creer que pueden tomar las decisiones por el resto de los grupos afectados por la violencia, el lobbismo y la ausencia de una declaración programática contundente y capaz de ofrecerle al pueblo nicaragüense medidas terminantes para abandonar el autoritarismo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Incluso, algunos de esos que oficiosamente quieren llevar a Nicaragua hacia la democracia piensan en soluciones mágicas y en otros casos en soluciones tan pragmáticas que incluyen una cohabitación con un Estado responsable de crímenes de lesa humanidad.
Ante ambos escenarios, la memoria, verdad y justicia se presentan como antítesis tanto de la violencia como de las prácticas antidemocráticas de la oposición, de cierta oposición. Por un lado, estos presupuestos se presentan como un imperativo ético e histórico de reivindicar los reclamos de las víctimas y sus familiares a este Estado y a su sucesor. Son reclamos basados en los derechos humanos y la memoria necesariamente exige que ese pasado sea suficientemente criticado a fin de que, a diferencia de otros momentos de la historia nicaragüense, no exista amnesia ni de las violaciones de derechos humanos, ni de sus responsables.
Esto también se extiende hacia el futuro: la memoria siempre es una operación que se produce en el presente para proyectar el futuro, jamás será una cuestión desactualizada, ni un reclamo ridículo. La potencia represiva del régimen bicéfalo por imperativo de la memoria exigirá de los políticos del futuro contundencia con el objetivo de sembrar memoria, una memoria crítica, una memoria que no coquetee con el pasado, una memoria que ponga en su justo lugar los rostros, las violencias y las desgracias producidas por los crímenes de lesa humanidad. Por tanto, la exigencia de memoria implica que toda la sociedad se dé el trabajo incluso antes de una posible transición de reflexionar críticamente respecto de esas espirales de violencia que vive nuestro país cada 30 o 40 años. Mediante la memoria crítica, los nicaragüenses debemos quedar plenamente convencidos -incluyendo a aquellas generaciones que participaron en los crímenes de lesa humanidad- que jamás debemos volver a la violencia. Por tanto, el recuerdo es memoria activa, memoria para no repetir, memoria para democratizar.
Los grupos de oposición deben quedar plenamente convencidos, por su lado, que las exigencias de memoria, verdad y justicia requieren nuevos estándares y otras prácticas de mayor calado y calidad, que vayan más allá del mero hecho de querer producir una transición y transformar al Estado. El compromiso de la oposición debe ser ante todo con las víctimas y sus familiares para que el nuevo Estado se funde sobre las bases de una Nicaragua absolutamente contraria a la violencia, a los crímenes de lesa humanidad y a las amnistías. Nicaragua necesita una oposición a la altura de las exigencias de las víctimas y no al nivel de sus conveniencias políticas -me refiero a los miembros de cierta oposición-.
Junto a la memoria y la verdad, la justicia, ese proceso que implica enfrentar el pasado de violencia con los instrumentos del Estado de derecho juzgando a los criminales que determine una posible comisión de la verdad es también una tarea que debe plantearse con seriedad aquellos que quieren llevar a la democracia a Nicaragua.
Tiene que ser una oposición sabia y ponderada, para que la venganza no se presente como motor que impulse las acciones de justicia, justicia que tiene que darse porque si no habrá de repetirse la misma historia. Hacerse cargo del pasado y del legado de violencia que se recibirá del Estado sandinista, Implicará sí o sí un Estado competente para juzgar también en los tribunales al pasado, exigencia de primer orden de las víctimas y sus familiares. La justicia también implica la reparación integral de todas las víctimas del actual proceso de terrorismo de Estado que se vive. Por tanto, memoria, verdad y justicia son tres imperativos impostergables del futuro democrático. No obstante, ese futuro no será democrático si se dejan a un lado las reivindicaciones de las víctimas y sus familiares a causa de que los grupos políticos de oposición caigan arrastrado en las viejas dinámicas del pactismo, el entreguismo político y las falsas superioridades morales.
* El autor es secretario ejecutivo de Calidh y profesor de derechos humanos.