El sociólogo y analista político Óscar René Vargas opinó que detrás de las últimas iniciativas que el régimen de Daniel Ortega ha sacado para ser aprobadas por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional, obedece a que teme a que en Nicaragua se produzca un nuevo “tsunami social”, igual o más fuerte que el estallido social de abril de 2018.
La implementación decadena perpetua, la iniciativa de ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, es el “incremento de la represión” por parte del dictador Daniel Ortega, aseguró Vargas, pues señala que la lógica de este es: “el poder o la muerte”.
A juicio del experto, el temor de Ortega es porque todo indica que en el transcurso del trimestre de este año “entraremos en la fase de la depresión económica” en el país, lo que provocaría el descontento de la población, incluso de los propios orteguistas.
“Con la crisis económica, social, política y sanitaria, mas la crisis internacional, la congruencia de estas, el régimen teme que se presente una nueva ola social, un tsunami social que en las condiciones actuales, sería mucho más difícil para Ortega realizar las misma represión que ejecutó en el 2018”, dijo Vargas en entrevista con La Mesa Redonda.
El también economista prevé que habrá dificultades para la población en adquirir la canasta básica, pronosticó la caída del empleo, y el incremento del desempleo.
“De ese temor, Ortega saca estas tres iniciativas, es decir la cadena perpetua, los agentes extranjeros y los ciberdelitos o ley mordaza. Esto va con el objetivo de tratar de evitar que se produzcan un tsunami social porque no tiene capacidad para resolver la crisis económica, no tiene capacidad para resolver la crisis social, la pobreza, el desempleo, la desigualdad, no tiene capacidad para resolver la crisis sanitaria, no tiene capacidad para resolver la crisis internacional que se traduce en aislamiento internacional, no tiene capacidad para resolver el tema político”, afirmó.
Por esa incapacidad “recurre a incrementar la represión a través de estas leyes”—apuntó—para anular la capacidad de protesta de la población y en su propia base de orteguistas, ante un proceso de “implosión” que a juicio del experto ya inició.
“El objetivo no es solamente para los opositores, sino también para evitar que la implosión social interna del régimen continúe a través de crear miedo en su propia base social”, expresó.
CADENA PERPETUA
La instauración de la cadena perpetua según Ortega es para “castigar crímenes de odio” y expresamente está dirigida contra los opositores nicaragüenses.
Ortega ordenó a la Corte Suprema de Justicia reformar la ley para aplicar la pena de cadena perpetua, utilizando como justificación el atroz asesinato de dos niñas en Mulukukú.
El pasado 15 de septiembre, durante un acto, Ortega reveló que la normativa pretende castigar a opositores, a quienes acusa de “cometer crímenes de odio” y “contra la paz”.
“Están cargados odio, resuenan odio, son criminales, cobardes, se creen intocables porque se les dio amnistía, ya se les dio la oportunidad, una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía, el pueblo pedirá cuentas”, dijo Ortega en referencia a los opositores.
LEY DE REGULACIÓN DE AGENTES EXTRANJEROS
Con ley de Regulación de Agentes Extranjeros, el régimen de Ortega busca controlar a las organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros Gobiernos o asociaciones extranjeras.
La iniciativa, “tiene como objeto establecer el marco jurídico de regulación a las personas naturales o jurídicas que respondan a intereses y financiamiento externo, y utilicen dicho financiamiento para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos u organizaciones extranjeras en los asuntos internos de Nicaragua, poniendo en riesgo la seguridad del Estado”, según el proyecto.
Esta ley obligará a las organizaciones, asociaciones o personas naturales o jurídicas, nicaragüenses o de otras nacionalidades, que dentro de Nicaragua perciban dinero directa o indirectamente de Gobiernos, agencias, fundaciones, sociedades o asociaciones extranjeras, a inscribirse en el Registro de Agentes Extranjeros del Ministerio de Gobernación.
LEY ESPECIAL DE CIBERDELITOS
Esta ley es para castigar con la cárcel la difusión de noticias falsas en las redes sociales, bajo la tipificación de “ciberdelitos”, y se justifica en la necesidad de “la prevención, la investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio de personas naturales o jurídicas”.
La ley establece penas de 2 a 10 años de prisión para quien “publique o difunda información falsa, tergiversada que produzca alarma, zozobra y temor en la población”, y una condena de hasta cinco años de prisión para quienes “inciten al odio y a la violencia”, señala la iniciativa.
En dependencia de los factores “agravantes” de quien cometa el “ciberdelito”, la legislación contempla penas “accesorias” de 200 a 600 días de multa.
El proyecto, además propone extraditar a nicaragüenses desde países con los que existan tratados vigentes. La iniciativa penaliza además el uso de las redes sociales para amenazar a personas o atemorizar a una población “étnica, cultural, religiosa” o de otra índole, lo que podría prestarse a diferentes y amplias interpretaciones, según los críticos.