Las mujeres encarceladas por motivos políticos en Nicaragua, que suman 14 de los 169 presos políticos, “han sido objeto de mayor ensañamiento”, denunció el lunes la ONG Movimiento Autónomo de Mujeres.
“Tal es el caso de Tamara Dávila, que ha sido sometida a total aislamiento por nueve meses en una celda ‘empernada’ o totalmente sellada, sin tener contacto con nadie, más que con sus carceleros”, señaló Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres.
Delgado intervino en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada a solicitud de ocho organizaciones, en la que se ausentó el Estado de Nicaragua.
Según la defensora de las mujeres, Dávila, quien es dirigente de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco y condenada a 8 años de prisión por delitos considerados como “traición a la patria”, ha sido “sometida a interrogatorios diarios en los que, por sus acciones, se les culpabiliza por el supuesto abandono de las labores de cuidado socialmente vinculadas al género”.
Delgado también mencionó el caso de la dirigente opositora Violeta Granera, quien es “adulta mayor (70 años) y cuya familia ha expresado su preocupación por el grave deterioro de su salud, incluida la pérdida de piezas dentales, que le impide alimentarse”.
DORA MARÍA TÉLLEZ ESTÁ RECLUIDA CON HOMBRES
Además está el caso de la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez, de 66 años, “recluida en el área destinada a los hombres como una manera de irrespetar su condición de género”.
Téllez, una histórica combatiente sandinista y antigua compañera de lucha de Daniel Ortega, se encuentra en prisión desde el 13 de junio de 2021 y fue condenada a 8 años de prisión por “traición a la patria”.
La dirigente del Movimiento Autónomo de Mujeres también se refirió a la demanda de la madre de Ana Margarita Vijil, otra de las detenidas que ha solicitado “se le permita a las presas y presos un abrigo”, sin éxito aún.
O el de la defensora de derechos humanos Eveling Pinto, de 63 años, “que es sobreviviente de cáncer, con secuelas de insuficiencias renal”, y no tiene acceso a todo el medicamento que necesita, según dijo.
EL CASO DE LOS HIJOS MENORES DE EDAD
Asimismo, Delgado denunció que “a hijos e hijas menores de edad, algunos niños y niñas, se les ha restringido cualquier contacto con sus padres y madres, incluidas cartas o dibujos, siendo esto un grave acto de violencia en su contra y una grave amenaza a su desarrollo”.
La activista observó que de las 169 personas encarceladas desde la revuelta popular que estalló en abril de 2018, la más joven es Samanta Padilla Jirón, con 22 años, y Granera la mayor, con 70 años.
Tanto Granera como Nidia Barboza, de 66 años, padecen “enfermedades pre existentes y desarrolladas durante su encarcelamiento”, de acuerdo con el Movimiento Autónomo de Mujeres, que advirtió a la CIDH “que las condiciones de detención de las personas privadas de libertad por razones políticas siguen estando lejos de los estándares interamericanos y constituyen tratos crueles, inhumanos, degradantes, así como torturas físicas y psicológicas en su contra”.
En la audiencia, que se realizó de manera virtual, se analizó la situación de los derechos humanos “en el contexto de impunidad en Nicaragua, y la necesidad de adoptar mecanismos extraordinarios de verificación y rendición de cuentas”.
*Con EFE