● La campaña política del FSLN, tanto dentro como fuera del proceso electoral, es financiada por el dinero de las y los nicaragüenses y donaciones internacionales.
● Se verificó proselitismo político a favor del FSLN a través de proyectos financiados por el Gobierno de Taiwán, FIDA, BCIE, Unión Europea, AECID y Mecanismo COVAX/OMS.
El observatorio ciudadano electoral Urnas Abiertas presentó el informe titulado ¿Quién financia la campaña del FSLN?, mediante el cual documentó y evidenció cómo el uso abusivo de recursos públicos por parte del FSLN marca un rol clave para la permanencia en el poder del dictador Daniel Ortega.
Asimismo, revela cómo la campaña política del FSLN, tanto dentro como fuera del proceso electoral, es financiada por el dinero de las y los nicaragüenses a través de la recaudación fiscal y la administración de los presupuestos de la República y, mediante el financiamiento internacional adquiridos como país.
Uso de recursos públicos
Para Nicaragua, la utilización de los recursos del Estado con fines partidarios y proselitistas se ha convertido en una práctica política tradicional institucionalizada -especialmente- durante la administración sandinista. Esta práctica corrupta e ilegal es una de las tantas manifestaciones de corrupción generalizada que obstaculizan el ejercicio legal y transparente del poder político y la soberanía en el país, indicó el observatorio en una nota de prensa.
Entre el 1 de abril y el 7 de noviembre de 2021 se registraron 1.918 irregularidades vinculadas al uso de recursos públicos a favor del FSLN. Los reportes se recibieron desde los 15 departamentos y las 2 Regiones Autónomas del país, así como desde 152 de los 153 municipios (99.34%), con la participación de más de 20 instituciones públicas. De esta manera se evidencia la práctica sistemática y generalizada del FSLN de usar de manera abusiva los bienes y recursos del Estado para favorecer sus objetivos político-partidarios, en todo el territorio nacional y a través de todo el aparato estatal en los diferentes niveles de gobierno.
Durante la jornada de votación del 7 de noviembre se observó la mayor frecuencia del uso abusivo de recursos públicos, especialmente vinculado al uso de vehículos de instituciones del Estado para el traslado de votantes del FSLN.
Además, se registraron 233 ocasiones en las que se usó la entrega de programas sociales, financiados con fondos públicos, para realizar actividades de proselitismo a favor del FSLN.
“El uso abusivo de recursos públicos por parte del FSLN es evidente y no existe ningún mecanismo, normativa o medida de rendición de cuentas para evitarlo, lo que demuestra el clima de impunidad y corrupción bajo el cual opera el Gobierno del FSLN”, apuntó Urnas Abiertas.
Gobierno de Taiwán, uno de los donantes de actividades electorales
Con el desarrollo de las elecciones ilegítimas del pasado 7 de noviembre, la dictadura tiene que recibir, de conformidad con la Ley Electoral vigente y con base en cálculos realizados según el porcentaje de votos asignado por el Consejo Supremo Electoral para el Frente Sandinista, una partida presupuestaria de hasta 17.4 millones de dólares.
Sin embargo, algunos de los principales programas que han servido de paraguas para el financiamiento de esas actividades de campaña electoral provienen de donaciones del Gobierno de Taiwán y de préstamos del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Se verificó el financiamiento del Gobierno de Taiwán en programas como: Programa Productivo Alimentario, Emprendimientos para Pequeños Negocios en el Campo, construcción de carreteras y Programa Nacional de Mejoramiento Genético Bovino”, detalla el informe.
“El uso abusivo de los recursos propios de las municipalidades y de los bienes pertenecientes a las instituciones del Estado que hace el régimen, permite decir que la campaña política del FSLN, tanto dentro como fuera del proceso electoral, es financiada por el dinero de las y los nicaragüenses a través de la recaudación fiscal y la administración de los presupuestos de la República y, mediante el financiamiento internacional adquiridos como país”, agregó.
En términos generales, este proceso electoral es catalogado como “viciado de origen y monitoreado de principio a fin” por Urnas Abiertas, además de constituir “una farsa con el objetivo de legitimar al régimen”, también ha sido una vía para el financiamiento del partido de Ortega a través de lo contenido en la Ley Electoral.
Violencia política
Una caracterización de la Violencia Política observada en el contexto electoral por Urnas Abiertas entre octubre de 2020 y noviembre de 2021. Entre el 1 de octubre de 2020 y el 7 de noviembre de 2021 se registraron 2.044 hechos de violencia política en el contexto electoral. El hostigamiento fue la manifestación de violencia política más frecuente en el período electoral, representado el 39,63% (810) de todos los reportes recibidos.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas contabilizaba un total de 168 personas sufriendo cárcel política. De las 35 personas detenidas entre el 3 y 7 de noviembre, solamente 9 personas habían sido liberadas y 26 permanecen detenidas.
Durante el período electoral (mayo-junio 2021) se dieron al menos 3 picos de violencia política en abril, junio y noviembre de 2021. Sin embargo, noviembre fue el mes donde se registraron más hechos de violencia política (388), especialmente hechos que se dieron en el contexto de las votaciones, tanto en los Centros de Votación (CV), como en barrios y comunidades, precisó el observatorio.
Urnas Abiertas recomendó de “manera urgente”:
- Convocar elecciones según estándares internacionalmente aceptados por el Estado nicaragüense en sus compromisos internacionales, incluyendo observación electoral creíble.
- Para lograr elecciones íntegras y legítimas, el primer paso es garantizar el cese de la represión, la liberación absoluta de personas presas políticas y que se garanticen mecanismos de justicia y reparación sin impunidad para las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Es fundamental que cese la persecución contra periodistas y medios de comunicación y prevalezca el respeto por los Derechos Humanos. Asimismo, antes de convocar un nuevo proceso es necesario implementar reformas profundas al marco normativo electoral, y las facultades y la naturaleza del Poder Electoral.