El régimen de Daniel Ortega inauguró este viernes junto al Ministerio de Salud (MINSA) una casa materna en las confiscadas oficinas centrales del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
La casa materna ‘Zoila Aurora Galeano’ ubicada en el distrito III de Managua, es parte de las inauguraciones que el régimen orteguista ha realizado esta semana en las propiedades que se robó en el 2018.
Como en las otras propiedades, el edificio del CENIDH fue pintado de rosado y se le colocó un rótulo con la imagen del dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo.
Por su parte, el CENIDH ha dicho que el régimen con este proyecto busca como “lavarse la cara” ante la comunidad internacional.
“Advertimos al régimen ‘que no nos callarán’, podrán robarse y destruir nuestro edificio, pero el CENIDH vive y seguirá luchando por la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses”, sostuvo el organismo.
El pasado 10 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó dar seguimiento a este caso contra el régimen de Daniel Ortega por acciones dirigidas a desaparecer el CENIDH.
“La CIDH nos informó que ha notificado al Estado de Nicaragua, para que rinda un informe en un plazo de tres meses, prorrogable hasta un máximo de cuatro meses, respecto de la petición que le presentamos, sobre la cancelación de la personalidad jurídica y ocupación de nuestras sedes”, dijo a la agencia Efe la presidenta del CENIDH, Vilma Núñez.
El caso del CENIDH, organismo que documentó la participación de agentes cubanos en agresiones contra opositores en 2018, llegó hasta la CIDH luego de que la ONG agotó la justicia interna al no obtener respuesta en el Ministerio de Gobernación, ni en el Poder Judicial.
La denuncia se basa en la cancelación de la personalidad jurídica, ejecutada por el régimen el 12 de diciembre de 2018, y en el posterior asalto y ocupación de la Policía Orteguista a su sede en Managua, más la expropiación de su oficina en la ciudad de Juigalpa, y la cancelación de sus cuentas bancarias.
El CENIDH es una de las instituciones más críticas del régimen de Ortega, al que acusa de cometer “crímenes de lesa humanidad” incluso antes de los ataques armados contra las manifestaciones antigubernamentales de 2018, que dejaron cientos de presos, muertos o desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.