Luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, usó el artículo 115 de la carta magna colombiana para reiterar que es el jefe del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, recibió un vehemente llamado de atención de la Corte Suprema de Justicia de su país.
El magistrado Fernando Castillo Cadena, presidente del alto tribunal y encargado junto a sus homólogos de elegir al dirigente del ente acusador tal y como estipula la Constitución, le recordó al primer mandatario que el fiscal, al pertenecer a la Rama Judicial, “no tiene superior jerárquico”.
En su declaratoria, el magistradp aseguró que quedó “inquietado” tras las declaraciones que Petro envió en la mañana del jueves 5 de mayo en el que, no solo aseguró que el fiscal Barbosa le debía subordinación, sino que lo cuestionó por interpretar de manera “errada” el artículo que usó para defenderse de los cuestionamientos que le llovieron tras sus afirmaciones, hechas desde Madrid, España.
“La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política, realizada y difundida en las últimas horas por el señor presidente de la República, porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de Derecho”, aseveró el magistrado Castillo.
Esta durísima respuesta se da porque el presidente de Colombia salió al paso a sus críticos y, a través de su cuenta de Twitter -y en tiempo récord- publicó un sinnúmero de trinos en el que decía que él se apegaba a la Constitución en la que se reiteraba que él, al ser el jefe de Estado, también mandaba sobre el líder de la Fiscalía de Colombia.
“El artículo 115 de la Constitución nacional designa al presidente de la República elegido por mandato popular como jefe de Estado, jefe de gobierno y máxima autoridad administrativa. No he faltado a mi palabra ni a la Constitución en mi respuesta al fiscal que a su vez me irrespeta como jefe del Estado”, señaló el mandatario.
Ante esas palabras, que tienen a Colombia nuevamente sumergido en un huracán político, la cabezade la Corte Suprema le pidió a Gustavo Petro que entendiera que “la Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado, para proteger los derechos, libertades y garantías de la población”, sentenció Castillo.
Sin embargo, los cuestionamientos no pararon ahí. Tal y como estipula el artículo 249 de la Constitución de 1991 en el que se asegura que la Fiscalía tiene “autonomía administrativa y presupuestal”, la Corte Suprema abogó por Barbosa y exhortó a Petro a entender que: “(…) en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones”, sentenció el magistrado.
Aunque Francisco Barbosa fue elegido, como todos los fiscales, por los magistrados de la Corte, su nombre llegó a esa dignidad debido a la cercanía, desde su juventud, con el entonces presidente Iván Duque.
Al respecto, el alto tribunal recordó el mecanismo para designar a esos funcionarios y le refrescaron la memoria al jefe de Estado sobre la función que debe cumplir quien esté al frente de la Fiscalía: “es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la Rama Judicial”, dijo Castillo, quien finalizó su mordaz intervención pidiendo sensatez a todos los dirigentes del Ejecutivo colombiano.
“Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La Justicia es un poder público patrimonio de Colombia”, concluyó el presidente de la Corte.
*INFOBAE