Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), demandó sanciones internacionales contra el Ejército de Daniel Ortega por su complicidad en la represión contra el pueblo de Nicaragua.
Durante una sesión de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) en la que se abordó la persecución religiosa en Nicaragua, Berg señaló “aumentar la presión y construir una arquitectura de sanciones efectiva”.
En ese sentido, pidió sanciones para el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército en Nicaragua, uno de los soportes del régimen de Daniel Ortega.
“EE.UU. debería sancionar al Ejército de Nicaragua bajo la misma lógica que sancionó a la Policía Nacional. El Ejército ha estado involucrado en algunos de los abusos contra los derechos humanos más graves del país y está acusado de armar a grupos paramilitares. Estados Unidos también debería apuntar al Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua (IPSM), su lucrativo fondo de inversión que no solo está expuesto a los mercados estadounidenses sino que ayuda a Ortega a mantener la lealtad de los altos mandos. Si bien Estados Unidos ya ha sancionado al jefe del Ejército y al IPSM, podría aumentar la presión al apuntar a ambas instituciones como entidades”, recomendó Berg.
A juicio del experto, “Estados Unidos parece estar reconociendo lentamente que el tiempo de las sanciones individuales ha pasado”.
Otras recomendaciones de política para desarrollar y mantener una estrategia de presión internacional sobre la dictadura en Nicaragua, brindadas por Berg, son:
Cortar las fuentes de financiación de Ortega. “La aprobación de la Ley RENACER el año pasado fue un movimiento importante contra el régimen de Ortega. La Ley RENACER endureció la interpretación de la anterior Ley NICA, que ordenaba que los representantes estadounidenses en las instituciones financieras internacionales votaran en contra de los préstamos a Nicaragua. Esto es fundamental para cortar la capacidad de Ortega de acceder a fondos en las instituciones financieras internacionales. Sin mayor acción, la respuesta de Estados Unidos a Nicaragua podría ser interpretada por otros líderes regionales como aquiescencia”, apuntó.
“Si bien se ha logrado mucho progreso con algunas instituciones financieras internacionales, el BCIE, y su presidente ejecutivo, Dante Mossi, amigo de los dictadores, sigue siendo un caso atípico, prestando miles de millones en los últimos años a Ortega. Estados Unidos no es accionista del banco, lo que dificulta una acción significativa contra el BCIE. Sin embargo, EE.UU. debería solicitar a Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea que hagan cumplir una cláusula de democracia en los préstamos a Nicaragua. EE. UU. también debería considerar retirar las visas de los funcionarios de alto nivel del BCIE y estudiar el impacto de evitar que el banco obtenga capital en los mercados estadounidenses”, señaló.
Animar al Papa Francisco a hablar con más fuerza. “El Papa Francisco no ha tenido la presencia vocal que muchos esperaban que tuviera en los asuntos de Nicaragua, especialmente a raíz de la dramática escalada de represión del régimen de Ortega-Murillo contra la Iglesia Católica. El presidente católico de los Estados Unidos y los miembros católicos del Congreso deben comunicarse personalmente con el Papa Francisco para alentar una mayor voz en la protección de su rebaño”, instó.
Defensor de los presos políticos. “Estados Unidos debería presionar incesantemente por la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Estados Unidos debería insistir en que Nicaragua permita visitas familiares a los presos, mostrar signos de vida a los desaparecidos, obligar a Nicaragua a permitir que las ONG y los defensores de los derechos humanos visiten las cárceles y presionar por mejores condiciones y representación legal”.
Declarar “ilegítimas” todas las elecciones de Nicaragua y el régimen que afirman. “EE.UU. debe ser claro sobre la ilegitimidad del 7 de noviembre de 2021 y las elecciones municipales más recientes del 6 de noviembre de 2022. El lenguaje diplomático debe dejar claro que EE.UU. considera ilegítimo al régimen Ortega-Murillo. Se debe alentar a Canadá, la UE y, especialmente, a los países reacios de América Latina a seguir su ejemplo. Bajo el actual régimen, las ‘elecciones’ en Nicaragua no son un ejercicio de democracia sino una ceremonia de coronación y una amarga reafirmación de la dictadura dinástica”, anotó.
Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana. “Aunque Nicaragua ha declarado su intención de salir de la OEA, EE. UU. debe basarse en resoluciones recientes de la OEA y reunir un grupo de países dispuestos a aplicar el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua. El Grupo de Trabajo de la OEA sobre Nicaragua, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e innumerables ONG han recopilado pruebas exhaustivas de delitos que merecen suspensión. Si el Hemisferio Occidental no toma medidas para suspender a Nicaragua de la OEA, la Carta corre el riesgo de ser irrelevante”.
Orientación de las sanciones. “Más sanciones por sí solas serán insuficientes para cambiar el rumbo. A medida que aumentan las sanciones, la focalización debe volverse más estratégica, es decir, deben apuntar a entidades y sectores completos. En pocas palabras, hechos dramáticos significan que el momento de las sanciones individuales ha terminado. EE.UU. debería sancionar al Ejército de Nicaragua bajo la misma lógica que sancionó a la Policía Nacional. El Ejército ha estado involucrado en algunos de los abusos contra los derechos humanos más graves del país y está acusado de armar a grupos paramilitares. Estados Unidos también debería apuntar al Instituto de Previsión Social Militar del Ejército de Nicaragua (IPSM), su lucrativo fondo de inversión que no solo está expuesto a los mercados estadounidenses sino que ayuda a Ortega a mantener la lealtad de los altos mandos. Si bien Estados Unidos ya ha sancionado al jefe del Ejército y al IPSM, podría aumentar la presión al apuntar a ambas instituciones como entidades. También podría apuntar a los alcaldes, que coordinan la represión, y todos los cuales pertenecen a la coalición política sandinista tras las elecciones municipales falsas más recientes”, insistió.
CAFTA-DR. “Estados Unidos debe revisar su relación comercial con Nicaragua. El comercio con los EE. UU. no solo es un privilegio y no un derecho, sino que en un país que carece incluso de la apariencia del estado de derecho, es dudoso que Nicaragua pueda cumplir con sus obligaciones bajo el CAFTA-DR. Solo otro país en el mundo, Bahrein, está clasificado por Freedom House como “no libre” y, sin embargo, mantiene un acuerdo de libre comercio con los EE. la Ley RENACER. Aparte de eso, EE. UU. debería considerar otros privilegios comerciales que el poder ejecutivo puede restringir, específicamente, la suspensión de importaciones/exportaciones de sectores críticos en Nicaragua”.
Apoyar el nombramiento de un Enviado Especial de EE.UU. “La administración Biden debe designar, y el Congreso debe financiar, el nombramiento de un enviado especial por tiempo limitado para Nicaragua. Con la guerra de Rusia en Ucrania, las amenazas de Xi a Taiwán y los incesantes lanzamientos de misiles de Corea del Norte, por nombrar algunos, hay demasiadas distracciones para mantener el enfoque necesario en Nicaragua. Un Enviado Especial dirigiría la coordinación interinstitucional y desarrollaría la coalición internacional necesaria para presionar al régimen”, aseveró Berg.
Impulsar y apoyar una investigación en la Corte Penal Internacional. “Los estados miembros de la Corte Penal Internacional podrían solicitar una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Una investigación similar contra Venezuela ha logrado mantener en alerta a los funcionarios del régimen, a juzgar por las declaraciones de esos funcionarios”, concluyó.